Luis Villanueva: "Apuntamos a combatir la corrupción desde la faz preventiva"

En diálogo con EPD, el funcionario de la Oficina Anticorrupción habló sobre el lanzamiento del registro de indentidad y transparencia, una iniciativa que apunta a generar espacios de articulación entre el sector público y privado para prevenir los casos de corrupción.

La Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción (OA) presentó esta semana los avances del registro de integridad y transparencia de las empresas y entidades (RITE), una iniciativa que apunta contribuir al desarrollo, mejora y madurez de los programas de integridad mediante la generación de incentivos, el intercambio de buenas prácticas y la realización de actividades formativas entre el sector público y el sector privado.

En diálogo con El País Digital, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, explicó que el RITE "es un proyecto de prevención de la corrupción" que apunta a generar espacios de articulación entre el sector público y privado "mejorando las condiciones de negocios" de los actores intervinientes. Villanueva sostiene que hay una percepción bastante extendida de que el fenómeno de la corrupción obedece únicamente al sector público, y "menos extendida está la idea de que la corrupción obedece al sector privado". 

Además, se mostró crítico de la gestión de Laura Alonso:  "Se focalizaba en la faz punitiva y lo hacía de una forma muy sesgada", y afirmó que, por el contrario, con la asunción de Félix Crous, la OA apunta a combatir la corrupción "desde la faz preventiva", lo cual implica fortalecer la capacidades del Estado. Finalmente cuestionó la judicialización de la política: "Genera el descreimiento de las instituciones", afirmó.


¿Qué es el RITE? ¿Cómo surgió la idea y qué objetivos se plantea?

Es un registro donde las organizaciones podrán dar cuenta de sus políticas y programas de integridad y transparencia. A la vez, es una plataforma donde distintos usuarios del sistema (empresas grandes, pequeñas y medianas) podrán contar con herramientas para mejorar sus políticas y programas de integridad hacia el interior. Además, será un espacio donde se articulará entre el sector público y el sector privado distintos tipos de iniciativas en lo que hace a los espacios de relación entre ellos, ya sea como proveedor, como contratista u otras variantes.

La idea surgió de la necesidad de fortalecer las políticas públicas en articulación con el sector privado. Sabemos muchas veces hay una percepción bastante extendida de que el fenómeno de la corrupción obedece únicamente al sector público, y menos extendida está la idea de que la corrupción obedece al sector privado. Nosotros entendemos que la corrupción no involucra sólo a un ámbito y esta no es una postura casual sino que es lo que se viene dando en distintos organismos internacionales, que entiende a la corrupción como un fenómeno complejo. En esta problemática inciden cuestiones e intereses propios del sector público y también del sector privado. Este fenómeno multicausal requiere soluciones distintas que no apunten exclusivamente hacia el ámbito público sino que además se enfoquen en lo que hace el sector privado, y apunten a una mejora en su manera de relacionarse con el sector público, y además que se incentive una manera transparente y competitiva de convivir en el propio sector privado. En ese sentido, el RITE es un programa que apunta a generar mejores condiciones de negocios entre los distintos actores de la economía privada.

Hay experiencias internacionales sobre las que nosotros hemos tomado nota y que bien vale la pena emular en algunas partes, en unos casos más y en otros menos. La experiencia mexicana es sumamente rica con el padrón de integridad y nosotros nos basamos mucho en lo que fue el proceso de construcción de ese proyecto. También hay experiencias interesantes en Colombia y en Brasil.


¿Cómo fue recibida la iniciativa por el sector empresarial?

La idea fue muy bien recibida, creemos que había una madurez en muchos de los actores que trabajan en los ámbitos de integridad, tanto en el sector público como en el sector privado, en entender a la corrupción como un asunto que tenemos que abordar desde todos lados para tener éxito y sobre todo hacerlo de una manera preventiva. Este es un proyecto de prevención de la corrupción y la Oficina Anticorrupción está enfocada en eso y logramos además articular organismos públicos como la Oficina Nacional de compras, como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que promueven una relación sana entre los sectores y que además son conscientes de la necesidad de realizar este tipo de iniciativas que prevengan los casos de corrupción antes que el daño este producido.

En el sector privado también cayó muy bien, de hecho en la presentación participaron muchas cámaras empresariales, algunas expusieron, como la cámara de comercio argentino alemana, también nos acompañaron distintas organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico. La recepción positiva nos permite ser muy optimista y esto es por una cuestión fundamental: el proyecto está pensado como una acción colectiva entre empresas, organizaciones intermedias y estado para mejorar los programas de integridad, tal como establece la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es una ley que más allá de la sanción penal para empresas por casos de corrupción, establece la posibilidad de crear programas preventivos en la que se medirá el trabajo colectivo y en la cual esperemos incidir positivamente.


¿Qué cambios plantea la actual conducción de la OA respecto de la gestión anterior?

Esta gestión de la OA está abocada a fortalecer la faz preventiva, la gestión anterior estaba en general focalizada en la faz punitiva de enfrentar la corrupción y lo hacía de una forma muy sesgada. No había denuncias por casos de corrupción del gobierno mismo porque las que había eran de supuestos hechos que involucraban a dirigentes opositores. Con Félix Crous, la nueva gestión apuntó hacia lo preventivo, por supuesto que se investiga lo que llega a su conocimiento y las denuncias se judicializan más allá de quién sea, pero las políticas apuntan a producir instancias de prevención de la corrupción, algo que además recomiendan muchos organismos internacionales como la OCDE, las comisiones de la ONU y de la OEA también.


¿Qué implica combatir la corrupción desde la "prevención" y no desde la "persecución?

Trabajar en la prevención de la corrupción implica hacer todo lo posible para que un hecho no suceda y la verdad que lo venimos haciendo con éxito. Ha sido un gobierno que desde que asumió no ha tenido casos de este tipo a pesar de que tiene muchos ojos encima, hablo de los medios de comunicación claramente alineados con la oposición y lo mismo con algunos actores judiciales. Sin embargo eso no ha pasado y creo que obedece a una decisión política de fortalecer las políticas preventivas en muchos ministerios y por parte de los funcionarios y funcionarias.

En la prevención trabajamos en fortalecer las capacidades del Estado para controlar a sus propios funcionarios, para crear las estructuras institucionales que permiten que un caso de corrupción pueda no suceder y sobre todo en el compromiso que se baja a partir de la más alta dirección de no tolerar hechos de este tipo.


Hace unas semanas, la OA desmintió una nota de Clarín sobre la declaración jurada de Máximo Kirchner. ¿Qué consideración tiene sobre este tipo de situaciones? ¿La lucha de la corrupción requiere una mayor responsabilidad por parte de ciertos medios a la hora de informar?

Efectivamente la nota tenía una información falsa que no había sido corroborada previamente a su publicación. Esto fue desmentido tanto por la Oficina Anticorrupción como por la fiscalía interviniente, es una mala práctica periodística y claramente hay responsabilidad respecto a eso. En el caso de la corrupción es muy importante la participación periodística en la investigación y en el señalamiento de lo que puede llegar a estar mal, pero por supuesto que esto no implica que no haya responsabilidades y obligaciones en el ejercicio de la práctica periodística.


Además de la parte mediática, hay una judicialización de la política, ¿Cómo conciben este proceso desde la OA?

Hay una permanente judicialización de la política que deriva en una infinidad de casos de corrupción, creo que es una muy mala práctica que además tiene su correlato en los tribunales, los cuales muchas veces le dan cabida a este tipo de situaciones. El ejemplo del Memorándum con Irán y Dólar Futuro son pruebas claras de esto: se judicializa la gestión y hay un interés atrás de eso y hay un perjuicio, porque se descree en todas las instituciones.


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