* Por Horacio Cao y Maximiliano Rey

Al igual que ocurrió con casi todos los aspectos de su gobierno, las políticas de la Alianza Cambiemos dirigidas a operar sobre la estructura y funcionamiento del Estado fracasaron rotundamente. En estos cuatro años de macrismo se alteraron profundamente el Estado y su administración, y se generó un marcado deterioro en sus capacidades.

En las próximas líneas elaboramos un análisis de los ejes centrales de las políticas de la Alianza Cambiemos hacia el Estado con la intención de poner en blanco sobre negro los desafíos que en este ámbito se deberán encarar en la próxima etapa.

I-Caracterización general: gobierno de CEOs

El gobierno de Cambiemos fue calificado como una ceocracia, por la proliferación en el Gabinete de cuadros venidos de los niveles gerenciales de varias de las principales empresas que operan en el país.

La concepción subyacente en este nuevo paradigma de gerenciamiento estatal es que un empresario exitoso ha superado el desafío más difícil que plantea una sociedad capitalista y, como quien puede lo más puede lo menos, tiene capacidad para dedicarse a cualquier cosa.

La ceocracia, además, puede ser vista como una manera de establecer una nueva forma de relación entre el capital y el sector público. Más que una alianza con el empresariado nacional, lo que se busca es incorporar una visión diferente, según la cual estos cuadros del mundo económico se destacan por su capacidad para generar negocios desde el Estado.

Pocas ideas en la historia de la administración pública argentina se han mostrado menos felices. Cualquier manual de administración explica los peligros que entraña asimilar la gestión de lo público a la de lo privado. Por ejemplo, la práctica gerencial de la gestión privada no toma en consideración los segmentos del mercado que no le son de interés. "Tengo una planilla Excel que cumplir", justificaba el ministro Aranguren por los tarifazos. Así, mientras las acciones de las energéticas se disparaban, crecía la desesperación de consumidores e industriales.

Y otro tema de manual: la ceocracia aumenta exponencialmente la posibilidad de captura de organismos públicos por parte de intereses sectoriales o de empresas: pensar que se lo supera poniendo el zorro a cargo del cuidado de las ovejas es, por lo menos, inocente.

II- Las políticas de los CEOs: la modernización

Ni bien asumido, el nuevo gobierno creó un Ministerio para el área y lanzó el Plan de Modernización del Estado (Decreto 434 de marzo de 2016).

Llama la atención el nombre seleccionado: buscando dar una imagen de actualidad, frente al peronismo que era sindicado como “el atraso”, se utilizó un concepto -el de “modernidad”- que se remonta, al menos, a mediados del siglo pasado. Tal vez haya sido porque Macri piensa que el problema argentino tiene 70 años y, entonces, las soluciones que propuso tienen la misma visión tecnocrática que el paradigma modernizador de mediados del siglo XX.

El decreto en cuestión priorizó dos cuestiones: las soluciones tecnológicas y dar una solución “integral a los recursos humanos”.

Tecnología y Estado: enfoque instrumental-tecnocrático

Siguiendo prácticas de manual, la visión tecnocrática del proceso modernizador macrista generó:

• Un modo de construcción de hegemonía que justificó como “técnicas” -y en tal sentido, valorativamente neutrales- soluciones políticas y que catalogó como fallidas, erradas y hasta corruptas, visiones alternativas.
• La preeminencia de un saber técnico -basado en la ortodoxia económica- por sobre el valor de las prácticas y saberes institucionales.
• Dentro de estos saberes, la entronización de la eficiencia como valor supremo de herramientas, dispositivos y acciones.

La visión del gobierno sobre este tema repite los peores abusos de abordajes del estilo Nicolás Negroponte, que coloca el centro de gravedad del proceso social en los inventos y descubrimientos científicos; más burdamente, el subtexto del programa modernizador indicaba que la clave de bóveda de un Estado efectivo estaría en su capacidad para incorporar los últimos avances de las tecnologías infocomunicacionales.

Bajo este supuesto, las iniciativas de digitalización o de incorporación de tecnologías en la administración pública han tenido algunos éxitos aislados, que enmarcados en la ya mencionada perspectiva tecnocrática poco han “modernizado” al Estado argentino.

Un abordaje naif para resolver problemas complejos pronto chocó con la dura realidad: la participación virtual no pasó de estrechos círculos tecnocráticos cercanos al gobierno; la circulación de información muestra una manifiesta vocación de propalar datos “sin ton ni son” en cuadros poco menos que ilegibles y ocultar los realmente importantes.

Como colofón de lo dicho, el grueso de la población se sintió afuera del accionar estatal: los resultados electorales muestran, entre otras cosas, esta situación. Es que un Estado inteligente no es el que tiene las mejores herramientas informáticas, sino aquel que las usa para desplegar el programa aprobado democráticamente por la ciudadanía.

El empleo público: prejuicios y darwinismo social

Un prejuicio ostensible en la mirada neoliberal se dirige a los empleados públicos, patentizado a través de alusiones ofensivas hacia la “grasa militante” o el “aguantadero de la política”.

No es de extrañar entonces que se hicieran llamados a “reducir la burocracia” y “transparentar el Estado” que justificaron cesantías masivas, sólo comparables en número a las realizadas por la dictadura o en ocasión de las reformas de los '90.

Utilizando métodos reñidos con el más mínimo sentido humano, se militarizaron los ingresos a oficinas y, de un día para otro, se prohibió el ingreso de personal. Se sostuvo que fueron cesanteadas unas 60.000 personas.

Contra lo que se sostuvo maliciosamente en muchos medios, el tema del empleo en el nivel nacional de la Administración Pública no es un problema medularmente financiero fiscal, pues el impacto del gasto en personal es bastante reducido: dar de baja al 10% de la planta implica ahorros inferiores al 1% del presupuesto.

La lógica de los despidos tuvo otros objetivos:

• Dar una señal hacia los actores del establishment de que se estaba haciendo el ajuste.
• Responder a su electorado más radicalizado.
• Disciplinar y desmovilizar a los trabajadores estatales.  
• Dar cobertura y apoyo a empresas privadas (si el Estado despedía, ¿por qué no iba a hacerlo la empresa privada?).

Sale la “grasa militante”, entra el gerente cool…y rompe el organigrama estatal

Si de desatinos se trata, pocas cosas en la historia del estado argentino pueden asemejarse a la gestión de las estructuras orgánico-funcionales en estos cuatro años. El origen es claro: más allá de todo el discurso eficientista y productivista, lo que necesitaba el gobierno era clientelismo cool dirigido a los amigos de clases acomodadas. 

De esta forma, hubo un primer momento en que la estructura del Estado Nacional creció de manera exorbitante. Ello se debió a que mientras se producía el despido masivo de trabajadores estatales, al mismo tiempo se contrataban otros y porque, fundamentalmente, se incrementaron significativamente los cargos jerárquicos.

Así, se crearon cinco nuevas jurisdicciones entre ministerios y secretarías de estado, con la consecuente expansión de las secretarías y Subsecretarías de Estado (pasaron de 70 a 87 y de 169 a 207, respectivamente).

Luego de esta explosión de la estructura administrativa, la crisis económica de 2018 impuso la necesidad política de hacer gestos de austeridad. En ese marco, se les bajó el rango a 12 ministerios, dejando sólo 10 con ese nivel. Pero el “sacrificio” no fue tal: los “Ministerios” pasaron a ser “Secretarías de Gobierno” y los “Ministros”, se convirtieron en “Secretarios de Gobierno” -una nueva figura, intermedia entre Ministro y Secretario-.

Esta situación, rayana con el ridículo, ocurrió en el organigrama político; bastante más grave, por sus consecuencias en el mediano plazo, fue lo que pasó en los niveles “técnicos” y de “carrera” con el ingreso por la ventana - designación transitoria- de centenares de militantes PRO en todas las jurisdicciones y para diferentes roles. Esto se vincula con un incremento inusitado de la figura de “Coordinador”.

La proliferación de cargos y puestos de conducción administrativa no sólo ha generado desorden organizacional y dislocamiento de estructuras, sino que, además, ocupó competencias que son propias de las aperturas de segundo nivel -los departamentos y las divisiones- obturando de esta manera la carrera del personal permanente.

III- El Estado destartalado: a modo de conclusión

A diferencia de otras dimensiones de la realidad argentina, el constante compromiso de los trabajadores estatales y las rutinas de continuidad burocrática han impedido que el gobierno de los CEOs deje tierra arrasada en el aparato administrativo como ocurre con la economía o la situación social.

Sin embargo, y como venimos describiendo, queda un Estado descompensado, con áreas trabajando sin los recursos necesarios, con sectores capturados por intereses privados, un dibujo organizacional irracional, un clima laboral a recomponer.

En conclusión, cuatro años de gobierno de CEOs han mellado profundamente las capacidades estatales… la tarea de reconstrucción será ardua, pero posible si es encarada con una perspectiva favorable a lo público, que tome al trabajador estatal como el aliado estratégico.