El fiscal Marijuan denunció al secretario de Energía por el último aumento del gas

Acusa a Javier Iguacel por supuesto "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Es por el incremento dispuesto por su cartera para que los usuarios compensen a las distribuidoras las pérdidas por la devaluación.

El fiscal Guillermo Marijuan denunció hoy penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por el último aumento de gas dispuesto por su cartera para que las compañías distribuidoras del servicio puedan compensar las "pérdidas" por la devaluación del peso que tuvo lugar durante los últimos meses. 

El funcionario del Ministerio Público consideró que las 24 cuotas que estableció el Gobierno nacional —a implementarse a partir de enero próximo— para que los usuarios cubran "las variaciones del precio de adquisición del gas" correspondiente al periodo abril-septiembre "viola la ley". 

"No se puede en modo alguno quitarle la entidad jurídica que tiene justamente el acto jurídico, valga la redundancia, del pago", señaló Marijuan en una entrevista con radio La Red, y explicó que, justamente, los usuarios "ya han hecho" pagos por esos periodos y "uno de los efectos del pago es la cancelación total".


Tras actuar de oficio luego de la publicación el viernes pasado de la resolución 20/18, el fiscal indicó que la denuncia contra Iguacel es por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" y dijo que el juez que intervenga deberá definir si esa "es la calificación que corresponde".

"El Código Penal, en el artículo 248, prohíbe justamente dictar resoluciones contrarias a la ley. Y, como decía, el efecto jurídico del pago es la ley misma, porque está establecido así en el Código Civil", amplió.

El viernes pasado, la Secretaría de Energía publicó la norma en el Boletín Oficial en la que autorizó a las empresas distribuidoras a cobrar un extra a los usuarios para compensar "las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución". 

La decisión generó el rechazo de buena parte de la oposición. Incluso, algunos dirigentes aseguraron que también irían a la Justicia para que el Ejecutivo dé marcha atrás, como el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, quien ya presentó un amparo y llamó a los usuarios a no pagar hasta que se pronuncie la Justicia. 

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