Monitoreos de precios monopólicos y competitivos

En febrero, la inflación consumidor núcleo fue de 4,1% mensual, los precios mayoristas subieron 6,1% y el costo de la construcción, 5%. No está claro aún a qué debemos atenernos pero sí que el esfuerzo del Estado es grande. Algunos precios comienzan a atrasarse para que otros pasen la marca y podamos transitar con cierta estabilidad este año de transición hacia la normalidad.

Por ejemplo, son contrapesos de la aceleración inflacionaria las tarifas de gas y electricidad, así como el atraso cambiario. Esta semana luego tres jornadas de trabajo finalizó el jueves la audiencia pública para analizar una tarifa de transición para los servicios de transporte y distribución de gas natural. A fines de marzo será el turno de la electricidad. Si aún mediara la legislación macrista, la suba en la boleta de gas superaría al 100%. Tras las audiencias con más de 200 oradores se habló de un incremento promedio del 17% para 2021, luego de casi dos años de atraso.

El precio del gas en boca de pozo, que involucra a las empresas productoras, es administrado por el gobierno a través del Plan Gas.Ar que otorga un valor virtuoso a las exploradoras para que aumenten las extracciones y se alcance el autoabastecimiento en los meses de invierno (cuando el país recurre a importaciones costosas). El precio tope garantizado es de USD 3,7 por millón de BTU, ajustable según el valor del dólar hasta 2024, mientras el precio de mercado es USD 2,54.

El Estado subsidia una parte de nuestra boleta y eso significa que se paga de alguna forma: con impuestos, deuda o emisión (las dos últimas además presionan al tipo de cambio). El déficit fiscal primario en 2020 fue -6,5% del PIB y el financiero -8,5%, en tanto los subsidios para las tarifas de gas y electricidad representaron -1,7% del PIB. El Ministerio de Economía se comprometió a no incrementar dicho porcentaje este año pero desde la reguladora Enargas cuestionan esa decisión. Su interventor, Federico Bernal, aseguró que la energía es un derecho social equiparable a la salud y la educación y defendió la necesidad de garantizar tarifas justas, razonables y asequibles en las audiencias.

El ENRE será el organismo regulador que convoque a las audiencias para las tarifas de electricidad, que se encuentran congeladas desde mediados de 2019, también expondrá un esquema tarifario de transición. En este caso existen grandes usuarios (industrias y comercios) del servicio cuyas tarifas están subsidiadas, y el gobierno analiza suspender el beneficio.

Desde el punto de vista macroeconómico (para amortiguar el impacto inflacionario) y político (considerando los efectos distributivos) es deseable para este gobierno aminorar los aumentos a usuarios residenciales. Además no debemos perder de vista que los usuarios pobres (quintil de menores ingresos) pagan la energía a un valor proporcionalmente mayor que las personas más ricas.



Fuente: Departamento de Economía Política del CCC


El estudio de la cadena de valor es relativamente sencillo en el caso de los servicios públicos monopolizados y más complejo en estructuras más competitivas como la elaboración de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza; construcción; química y agroquímica; electrónica y electrodomésticos; y muebles. Todas ellas bajo la lupa de la Secretaría de Comercio Interior, que estableció un nuevo régimen informativo (que afectará a unas 1.000 empresas en el mediano plazo) para monitorear las siguientes variables: precios de venta, cantidades producidas y vendidas, y stock de productos. Los primeros días de cada mes las empresas deberán reportarlas al Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre).

Luego de las reuniones con diferentes mesas sectoriales, el Ministerio de Desarrollo Productivo viene sosteniendo que existen allí conductas especulativas que dan pie a subas injustificadas de precios. Disponer de aquella información servirá para anticiparse a los aumentos y apercibir a las empresas en el marco de la Ley de Abastecimiento. Desde marzo de 2020 rigen Precios Máximos en varios alimentos, bebidas, productos de perfumería y limpieza. Dicho programa finaliza en marzo de este año.

Recordemos también que el atraso cambiario es oportuno en este sentido al oponer la tendencia del dólar a la suba del precio internacional de las commodities agrícolas que presiona el valor de varios alimentos y otros productos. Una devaluación arruinaría todos los planes. Afortunadamente la economía atraviesa una situación relativamente benigna ya que en el frente externo hay afluencia de dólares por una buena cosecha y precios. Las tareas de monitoreo son más sencillas en este contexto y si el gobierno firmara un acuerdo con el FMI también contribuiría a la estabilidad cambiaria, pero hay costos involucrados.

Volvamos al tema de la tarifa de gas. Sabemos que está compuesta por tres componentes centrales: el transporte (que explica alrededor del 12% del precio final) y la distribución (que impacta en el 25%); el costo del gas en boca de pozo (un 40% del total) y los impuestos (otro 25% aproximadamente). Parte de este esquema lo paga el usuario y parte el Estado. Con otros bienes de fabricación privada el reparto de costos es entre el salario y la ganancia empresaria, quiénes asumirán o no la suba de los precios finales. Se trata de un conflicto de intereses nunca serenamente cerrado en democracia.


Fuente: EconoJournal

Diarios Argentinos