Nuevo proceso de diálogo en Venezuela: oportunidades y desafíos

OPINIÓN. Oficialismo y oposición se han encontrado para dialogar en reiteradas oportunidades desde 2013 sin resultados satisfactorios lo que nos habilita a preguntarnos si esta vez serán capaces de lograr los consensos necesarios.


El 13 de agosto de 2021, los representantes del gobierno bolivariano de Venezuela tuvieron su primera ronda de encuentro y negociación con los representantes de la Plataforma Unitaria Venezuela que nuclea a distintos sectores de la oposición política en el marco de un nuevo proceso de diálogo que se desarrolla en México. Los mediadores y facilitadores son el Reino de Noruega -también lo fue en 2018 y 2019- y el gobierno de México, aunque se contempla la conformación de un ‘Grupo de Amigos’ cuyos integrantes aún son desconocidos.

De acuerdo con el Memorándum de Entendimiento firmado en esa ocasión, cada delegación estará compuesta por nueve integrantes. Hasta el momento en el que se escribe este artículo, la delegación del gobierno de Venezuela está liderada por Jorge Rodríguez, quien se desempeña como presidente de la Asamblea Nacional; el diputado Nicolás Maduro Guerra y el gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Por su parte, la Plataforma Unitaria está integrada por Stalin González -quien participó de los diálogos de Barbados en 2019- y Luis Emilio Rondón, ambos de la fuerza política Nuevo Tiempo; Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia -fuerza política liderada por el ex candidato presidencial Henrique Capriles-, Mariela Magallanes por la Causa R y Gerardo Blyde, un líder cercano al sector político encabezado por Juan Guaidó del partido político Voluntad Popular. No forma parte de este nuevo diálogo Vente Venezuela, el partido político liderado por María Corina Machado quien fundamenta su no participación afirmando que el gobierno de México no es un interlocutor neutral y que una ‘tiranía’ como la de Maduro’ que no respeta el Estado de Derecho y que viola los Derechos Humanos no tiene ninguna voluntad de apartarse del poder. En síntesis, la estrategia que promueve Machado consiste en ‘cercar al régimen’ e impedirle ganar tiempo para revestirse de una pátina ‘democrática’ como la propuesta de este nuevo proceso diálogo.

Ahora bien, oficialismo y oposición se han encontrado para dialogar en reiteradas oportunidades desde 2013 sin resultados satisfactorios lo que nos habilita a preguntarnos si esta vez serán capaces de lograr los consensos necesarios y suficientes que les permitan transitar un derrotero diferente al pasado. En esa dirección, analizamos un conjunto de factores que nos permiten comprender las particularidades de este diálogo y, a partir de ellos conjeturar sobre los principales intereses en pugna y los desafíos más importantes.


El contexto

La situación de Venezuela es profundamente crítica y abarca múltiples dimensiones: lo político-institucional, lo económico-social e internacional.

Desde el ajustado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2013 la dimensión político-institucional ha experimentado un deterioro creciente que se explica por el debilitamiento y/o la ruptura del sistema de pesos y contrapesos típico de una democracia republicana. El Poder Ejecutivo ha sido denunciado por vulnerar la independencia de los poderes legislativos y judicial. De acuerdo con la oposición, las elecciones presidenciales convocadas de manera anticipada a mediados de 2018 fueron ilegítimas dado que el mandato de los rectores del Consejo Nacional Electoral se encontraba vencido. Se acusa al gobierno por violar los Derechos Humanos y las garantías individuales; detención arbitraria de personas y violación del debido proceso judicial; de tener ‘presos políticos’; por múltiples actos de corrupción y, el desmanejo de la situación económica que ha provocado la mayor ola migratoria de venezolanos al exterior. Buena parte de las denuncias han sido ratificadas por los Informes realizados en terreno por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas publicados en 2019 y 2021 respectivamente. También ha sido denunciado en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Encuesta de Condiciones de Vida, en promedio, el 65% de la población vive en condiciones de pobreza y eso se explica por las dificultades de acceso a alimentos, medicinas y el bajo o nulo acceso a los servicios públicos básicos. A esta situación hay que agregar los efectos derivados de la pandemia de COVID 19 desde 2020 y hasta la actualidad. Al respecto, Venezuela muestra problemas de acceso a vacunas, gestión de la vacunación y colapso de su sistema sanitario. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación del primer semestre 2021 fue de 265% y es acumulativa de años anteriores, configurando un proceso hiperinflacionario. La oposición ha calificado la situación de crisis humanitaria incluso antes del inicio de la pandemia, pero el gobierno se negaba a reconocerlo de manera abierta. Pese a ello, desde 2020 Naciones Unidas ha brindado ayuda humanitaria para la población.

En el plano internacional, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta un conjunto de problemas: una creciente desconexión y grados variables de tensión con sus vecinos -Brasil, Colombia y Ecuador-; su gobierno no es reconocido por más de cincuenta países a nivel internacional entre los que se cuenta Estados Unidos, Reino Unido y los que integran la Unión Europea; sus principales vínculos externos están concentrados en un grupo de países de cuestionada reputación internacional -Rusia, China, Turquía, Irán- y se le han impuesto sanciones económicas y financieras tanto al gobierno como funcionarios del mismo.

En ese marco, la administración madurista debe ir a las urnas para elegir alcaldes y gobernadores de todos los estados que conforman el país el 21 de noviembre de este año. La situación político-institucional tal como está permite inferir que el proceso electoral sería de poca utilidad para mejorar la imagen y la legitimidad del gobierno teniendo en cuenta que pesa sobre la mayoría de los posibles ‘candidatos’ de la oposición la inhabilitación para postularse a cargos públicos. Es decir, el gobierno necesita que la oposición presente candidatos para que haya una situación de ‘competencia’ en la elección. Para que eso suceda, parece indispensable buscar una instancia de diálogo y generar un marco de confianza entre las partes, así como también garantizar la transparencia del proceso electoral tal como se puede observar en el Memorándum de Entendimiento y en la Agenda de trabajo propuesta en el documento.


Los intereses en pugna y los principales desafíos

En todo proceso de negociación es necesario tener claros cuáles son los objetivos que las partes que se sientan a dialogar pretenden alcanzar. En el caso del oficialismo es bastante evidente que el gobierno aspira a recuperar el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, particularmente de aquellos actores que le han impuesto las sanciones económicas y financieras, porque necesita con urgencia recuperar el acceso a esos activos y a esos fondos. Y tiene claro que una vía para alcanzar esa meta comienza con el restablecimiento del diálogo con los sectores de la oposición política. Además, el gobierno espera tener una buena performance en las elecciones regionales. Para ello precisa recomponer su imagen doméstica y convencer a propios y ajenos que, esta vez, el proceso electoral será competitivo, libre y transparente. Queda abierto el interrogante acerca de si levantará las inhabilitaciones que pesan sobre los políticos de oposición, si aceptará observadores electorales y, en caso de hacerlo, si le permitirá el acceso a todos aquellos que quieran participar del proceso.

Por su parte, la oposición también necesita reconstruir su imagen entre los ciudadanos venezolanos muchos de los cuales están desilusionados y han guardado en el baúl de los recuerdos las esperanzas de cambio en la situación política, económica y social de su país. No obstante, los actores políticos de la oposición que decidieron participar de este nuevo proceso de diálogo albergan temores fundados pues temen que, nuevamente, el gobierno intente utilizarlos como un instrumento al servicio de sus propios intereses. Estas sospechas arraigan, principalmente, en la falta de confianza que existe entre las partes, en la inexistencia de resultados concretos de las experiencias previas y en la pérdida de credibilidad de sus simpatizantes que un nuevo fracaso podría acarrear. El principio de ‘single undertaking’ presente en el Memorándum evidencia esa falta de confianza mutua.

En esta ocasión, el gobierno necesita a la oposición porque, efectivamente, es el único interlocutor válido con el que cuentan para negociar con Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. La oposición necesita un compromiso serio, genuino y con garantías del gobierno de Venezuela para comenzar a ‘normalizar’ la situación política, institucional, económica y social del país. El primer paso fue dado con la firma del Memorándum de Entendimiento y la Agenda de trabajo acordada el 13 de agosto. Es necesario esperar hasta el próximo encuentro pautado para el 3 de septiembre para tener algunos indicios más firmes de la dirección que este proceso de diálogo pueda tomar.


Sobre la autora

María Elena Lorenzini (@melorenziniok) es Doctora en Relaciones Internacionales. Facultad de Ca. Pol. y RRII, Universidad Nacional de Rosario-CONICET. 

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