Organismo internacional cuestionó las visitas de jueces a Macri

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, a pedido de la jueza de Casación, Ángela Ledesma, emitió un duro informe en el que cuestiona las visitas frecuentes que realizaron a la Casa Rosada y a Olivos los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos para reunirse con el expresidente.

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, a pedido de la jueza de Casación, Ángela Ledesma, emitió un duro informe en el que cuestiona las visitas frecuentes que realizaron a la Casa Rosada y a Olivos los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos para reunirse con Mauricio Macri, en aquel momento presidente de la Nación. 

"No resulta admisible en nuestros días que el juez forme parte del séquito del gobierno" dice en una de las partes más salientes el dictamen. Y agrega que "resulta desaconsejable de manera terminante una familiaridad y una regularidad en los intercambios y en la presencia de jueces en los organismos gubernamentales". Y en un punto de no menor importancia, el dictamen señala: "Ha quedado afectado el principio de imparcialidad en la medida en que el trato especial de una de las partes puede inspirar temor en los demás justiciables". 

Una investigación realizada en abril pasado por El Destape reveló que tanto Hornos como Borinsky visitaron con frecuencia al por entonces presidente Macri.  Ambos magistrados intervinieron en la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, en la mediática “Ruta del dinero K”, en la causa Dólar Futuro, en la de la Obra Pública de Vialidad en Santa Cruz –donde ratificó un exorbitante embargo de 10 mil millones de pesos contra CFK-, en una condena de Milagro Sala y en la detención de Amado Boudou en el caso Ciccone. 

Ledesma, que había intentado sin éxito la renuncia de Hornos como presidente de la Casación, remitió a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial una copia donde constan las reuniones que tuvieron los magistrados con Macri. 

La Comisión de Ética judicial no posee poder vinculante al emitir un dictamen, no funciona ni como Tribunal ni como árbitro, pero sus consideraciones, de carácter consultivo, contienen fuertes críticas sobre el accionar de los magistrados. 

A continuación, se reproducen algunos extractos del dictamen:


  • El caso que ha sido objeto de consulta se refiere a las reuniones sociales y reiteradas de varios jueces de una Corte Suprema cuando ya estaban en marcha o era previsible que se iniciasen procedimientos de enjuiciamiento respecto de mandatarios políticos. 
  • En este caso se produce una afectación sensible al principio de separación de poderes y debe considerarse vulnerado por los jueces el principio ético de independencia.
  • Pero también ha quedado afectado el principio de imparcialidad en la medida en que el trato especial de una de las partes puede inspirar temor en los demás justiciables.
  • El hecho de que la cuestión se plantee entre los titulares de las instituciones superiores del Estado tiene una trascendencia extraordinaria para los demás jueces y funcionarios públicos.
  • Desde el punto de vista del comportamiento de los jueces y parafraseando la jurisprudencia europea, cualquier juez de quien haya una razón legítima para temer por su falta de imparcialidad debe abstenerse.
  • La necesaria cooperación armónica entre los órganos del Estado no impide, ciertamente, la presencia institucional de los jueces, como muestra de cortesía, en reuniones públicas con los más altos responsables políticos de la Nación. Sin embargo, resulta desaconsejable de manera terminante una familiaridad y una regularidad en los intercambios y en la presencia de jueces en los organismos gubernamentales. 
  • En estas condiciones, se deberán tomar las previsiones requeridas para garantizar la transparencia y publicidad de dichos encuentros y velar para que no se celebren reuniones en privado que puedan generar algún tipo de sospecha. 
  • No resulta admisible en nuestros días que el juez forme parte del séquito del gobierno y resultan absolutamente contraproducentes las muestras áulicas de obsequiosidad y complacencia que pudieran tener los jueces respecto de otros poderes del Estado.


 

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