Patentar el sol: ¿Qué pasa en la OMC con las vacunas contra la COVID-19?

OPINION. Pese al apoyo mayoritario de los países en desarrollo, por segunda ocasión no hubo consenso debido al rechazo de las potencias occidentales. En este escenario ¿cuál es el margen de maniobra de los países con menores recursos? ¿Pueden cambiar las reglas del juego?


Por María Belén Herrero y Santiago Lombardi Bouza


Este 23 de febrero se llevó a cabo una nueva reunión en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, a fin de discutir una propuesta elaborada por India y Sudáfrica para acordar una exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y productos sanitarios para la prevención y el tratamiento del COVID19 durante la pandemia. Pese al apoyo mayoritario de los países en desarrollo, por segunda ocasión no hubo consenso debido al rechazo de las potencias occidentales. En este escenario ¿cuál es el margen de maniobra de los países con menores recursos? ¿Pueden cambiar las reglas del juego? A continuación, analizamos uno de los principales foros en los que se debate el futuro del acceso a las vacunas y medicamentos para el COVID-19: la Organización Mundial de Comercio. 

Lejos de los primeros anuncios que proyectaban a la vacuna para el COVID-19 como un bien público global, fue la lógica de mercado la que finalmente se impuso en esta primera etapa de producción y distribución de dosis a nivel internacional. A pesar de la escasez y el reparto desigual de vacunas, hasta el momento la industria farmacéutica no ha asumido ningún compromiso sobre mecanismos equitativos de acceso. Por el contrario, grandes laboratorios como Pfizer y Moderna no solo han vendido por anticipados miles de millones de dosis, sino que han usufructuado tanto el monopolio indiscutido de sus patentes como la falta de reglas transparentes para la fijación de precios, reduciendo el poder de negociación de muchos países, sobre todo de aquellos países con menos recursos.  

“Las vacunas contra la COVID-19 deben ser consideradas un bien público global”. La frase, incluso para quienes no siguen a diario la agenda multilateral o los discursos de Jefes y Jefas de Estado, resuena casi como una verdad incontrovertible en tiempos de pandemia. Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaraciones del G20 y numerosos comunicados presidenciales que vieron la luz en el último año parecen aseverarlo.

Frente a una crisis sanitaria sin precedentes y a pesar de contar con las primeras vacunas en tan solo 12 meses, la producción y distribución de las dosis, lejos de responder a la lógica de equidad y acceso universal, continúan regidas por las leyes de la oferta y demanda. El resultado es la escasez y el acceso desigual a las vacunas.

Por un lado, está la cuestión vinculada a la cantidad real de vacunas disponibles y la capacidad de producción. Existen restricciones “inelásticas” para la inmunización global, al menos en el corto plazo. Aún son pocas las vacunas aprobadas para abastecer la demanda internacional y no todos los países cuentan con capacidades suficientes para la producción a gran escala. Por el otro, están las cuestiones vinculadas con las condiciones desiguales que impone el mercado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 95% de las aplicaciones de dosis contra el coronavirus está concentrado actualmente en diez países, y nueve de cada 10 países pobres no tendrán acceso a la vacuna contra la COVID-19 el próximo año. A esto se suma la falta de transparencia en los precios y acuerdos, que hace que por ejemplo hoy Sudáfrica compre la vacuna de AstraZeneca-Oxford al doble por dosis que los países europeos.

Frente a este escenario, India y Sudáfrica han presentado en octubre pasado una propuesta a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para solicitar la exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia.

Alrededor de un centenar de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han adherido -ya sea en su totalidad o parcialmente- a la propuesta indo-sudafricana. Las principales potencias occidentales, sin embargo, han decidido bloquear la iniciativa. Entre los detractores más enfáticos de una eventual exención de patentes sobresalen los Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón, Canadá y los países de la Unión Europea. Su oposición ha sido justificada con argumentos que van desde la falta de evidencia de que los derechos de propiedad intelectual hayan generado barreras al acceso a las vacunas disponibles, hasta que una eventual prohibición de esos derechos privaría de incentivos a las compañías farmacéuticas para invertir en investigación y desarrollo. Esto último, sostienen, tendría efectos altamente negativos en un contexto en el que los laboratorios deben lidiar con las exigencias de un virus en permanente mutación.  La cruzada pro-patentes de los países ricos cosechó su primer “éxito” el último 4 de febrero, durante una reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. En dicha sesión, al igual que en la celebrada este martes 23, no se pudo lograr el consenso necesario para la aprobar la iniciativa para su ulterior tratamiento por parte del Consejo General de la OMC. En esta última sesión, todos modos, la propuesta sumó el co-patrocinio de Kenya, Eswatini, Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabwe, Egipto, el Grupo Africano y el Grupo de los Países Menos Adelantados (PMA),

En lo que respecta a los países centrales, no están solos en su cruzada por asegurar la vigencia de los derechos de propiedad intelectual. Días atrás, el director general de la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA por sus siglas en inglés) declaró a la Deutsche Welle que la liberación de patentes relacionadas con las vacunas para el COVID-19 “no aumentarían el suministro ni en una sola dosis a corto plazo, porque ello pasa por alto la complejidad de la fabricación de vacunas”. Esto último no advierte, sin embargo, que los grandes laboratorios han otorgado licencias de producción a un pequeño número de empresas y han soslayado a países como Cuba, Indonesia, Senegal y Tailandia, que también son capaces de fabricar vacunas. Las big pharma aducen, asimismo, que aún no han recuperado la inversión desembolsada para el desarrollo de los preparados vacunales. Sin embargo, hay que tener en cuenta, por un lado, que las investigaciones para su logro han sido financiadas por gobiernos y organizaciones internacionales, recogiendo décadas de inversión pública. Por el otro, que las principales empresas farmacéuticas que desarrollan vacunas para el COVID-19 recibieron cerca de 12.000 millones de dólares en fondos públicos para producirlas. Es decir, todas las vacunas de estas empresas se desarrollaron, total o parcialmente con financiamiento público

Desde la vereda opuesta, Organizaciones como Médicos Sin Frontera (MSF) han resaltado los peligros de marginar al Sur Global del reparto de vacunas. “Con la aparición de nuevas cepas de COVID-19, muchos países de África están luchando contra una ola de rápida propagación de la enfermedad y un sistema de atención médica abrumado”, señala el Dr. Khosi Mavuso, Representante Médico de MSF en Sudáfrica. Efectivamente, mientras hacia finales de enero en Europa ya se habían suministrado millones de vacunas COVID-19 e inclusive las autoridades comunitarias denunciaban el incumplimiento de plazos y volúmenes de entrega acordados con Pfizer y AstraZeneca, al continente africano solo habían llegado 25 vacunas. Esta desigualdad pasmosa, además de sus implicancias morales, trasciende la mera regresividad aritmética en la distribución de dosis, ya que no solo profundiza las inequidades, sino que conlleva otro riesgo sanitario: la epidemia puede hacerse endémica en los países sin vacuna, generando reservorios de virus con capacidad de mutar en variantes más agresivas y diseminarse. 

En estas condiciones epidemiológicas, es inconcebible aguardar los veinte años requeridos para que expiren las vacunas contra el COVID-19 La medida efectiva que demandan los tiempos, por tanto, es una suspensión temporal de las patentes de las vacunas, medicamentos y tecnologías para el COVID-19, hasta lograr la inmunidad mundial. Sin mayores titubeos, retórica autocomplaciente sobre cooperación internacional o apelaciones a la caridad de los países centrales y las grandes corporaciones farmacéuticas.  

 Las discusiones en el consejo ADPIC continuarán el 10 y 11 de marzo. Para alcanzar un acuerdo multilateral de esta naturaleza en la OMC se necesitaría al menos el apoyo de tres cuartas partes de los países. Esto es, 123 de los 164 estados y territorios que integran el organismo. A la fecha, la solicitud de exención cuenta con el apoyo ya de 100 países, incluyendo a la Argentina. Las vacunas contra la Covid-19 hoy son la principal herramienta para controlar la pandemia, entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿sino es ahora, cuándo?


Sobre los autores: María Belén Herrero, Investigadora de CONICET en el Área de Relaciones Internacionales, FLACSO Argentina. Miembro de RAIIS. Especialista en Salud Internacional y Cooperación Internacional.

Santiago Lombardi Bouza, Médico y diplomático. Docente del Área de Relaciones Internacionales, FLACSO, Argentina, en temas vinculados a la diplomacia sanitaria.

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