Por decreto, Macri les da estabilidad a los empleados jerárquicos que nombró en el Estado

A catorce días de abandonar la presidencia, Mauricio Macri firmó un decreto que les garantiza una estabilidad de 5 años a los funcionarios jerárquicos nombrados en el Estado. Si el próximo gobierno quiere desplazarlos, deberá pagar una indemnización equivalente a los sueldos que restan para completar ese plazo de 5 años. Cuando llegó al poder, Cambiemos denunció “la grasa militante” del Estado y produjo despidos masivos de empleados estatales. Críticas del gremio ATE por la medida.

El decreto 788/19 lleva la firma de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Producción, Dante Sica y crea un régimen para funcionarios de “la Alta Dirección Pública” que abarca a alrededor de 3550 directores nacionales, generales y coordinadores. Muchos de estos empleados de alto rango dentro de la estructura burocrática fueron nombrados políticamente por Cambiemos. Con este decreto, ganarían estabilidad en la gestión de Alberto Fernández y le impedirían a la administración entrante designar funcionarios propios en muchísimos lugares del Estado.

Por la estabilidad en el puesto, este personal jerárquico podrá recibir altísimas indemnizaciones en caso de ser despedidos. Si el próximo gobierno quisiera echar a alguno de estos funcionarios, debería pagarle una indemnización que en algunos casos alcanza los 10 millones de pesos. La decisión, que se tomó en acuerdo con el gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), estipula además aumentos para los cargos jerárquicos de hasta 100 mil pesos a partir de enero.

Desde el gobierno defendieron el decreto al señalar que “promueve un sistema de concursos más transparente”. Para el secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, “Macri continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto Fernández, a solo catorce días de terminar su mandato”.

“Hay un problema con los ingresos de las categorías más bajas y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que sobrevivieron a la ola de despidos del macrismo. Ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años", apuntó Fernández.

El decreto ya fue judicializado por la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE). Se espera, además, que Alberto Fernández derogue el decreto una vez que asuma para evitar pagar cifras millonarias ante eventuales despidos de funcionarios.

Desde que accedió al poder, Cambiemos se propuso bajar la nómina de empleados públicos con el argumento de que en el Estado había “grasa militante”, según graficó el exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay a comienzos del 2016. En cuatro años de gestión, el gobierno de Macri despidió alrededor de 25.000 trabajadores de distintos organismos estatales del nivel nacional. Antes de abandonar la presidencia, el oficialismo saliente quiere asegurarse la continuidad de sus propios militantes en altos cargos públicos.