Preocupación en la provincia por la paralización en la obra pública

La gobernadora María Eugenia Vidal reunió a su equipo en la ciudad de Buenos Aires y, en medio de rumores de recortes en el número de ministerios, anunció que las partidas presupuestarias de Nación destinadas a obras públicas no estarán disponibles, por lo que se espera no solo una retracción de la actividad económica en los sectores de la economía vinculados a la construcción, sino también dificultades para la negociación con intendentes y legisladores de la oposición.

El oficialismo bonaerense se había preparado en las últimas dos semanas para encarar una dura negociación con los sectores "dialoguistas" del peronismo, con el objetivo de alcanzar los equilibrios que le permitan aprobar un presupuesto con un ajuste de 25 mil millones de pesos, que permitiría apenas continuar con las obras iniciadas en algunos distritos y sostener los gastos mínimos en áreas sensibles como Salud, Educación y Justicia.

Pero la nueva escalada del dólar de la semana pasada obligó al equipo económico nacional a buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), profundizando el ajuste y poniendo a los gobiernos provinciales otra vez expectantes ante la falta de certezas económicas de cara al futuro de corto plazo para la economía argentina. En términos políticos, el presidente Mauricio Macri dispuso la desaparición de la mitad de sus ministerios, una medida que se espera que se podría replicar en la Provincia, pero que no deja de ser testimonial en términos de volumen de recursos, por lo que ante una ampliación del ajuste fiscal el Ejecutivo bonaerense deberá sacrificar incluso las obras que están en marcha.

No existe ni siquiera una proyección del ajuste que deberá realizar la provincia en el nuevo escenario, pero si se traslada en los mismos porcentajes en los que aumentó a nivel nacional, el Estado bonaerense deberá resignar en 2019 por lo menos entre 35 y 40 mil millones de pesos, además de hacerse cargo de los subsidios del transporte de pasajeros del áreas metropolitana y del que corresponde a las tarifa social eléctrica, también por el traspaso de los servicios a la órbita de la provincia.

Lo que sí hay es una absoluta preocupación por la evolución de la relación de Cambiemos con el peronismo, pero también con sus aliados del radicalismo, que en muchos casos empiezan a mirar con simpatía las posiciones díscolas de Ricardo Alfonsín y otros dirigentes que reclaman un cambio de rumbo en las políticas económicas. Sin recursos, la única opción del oficialismo es lograr el avance del modelo de participación público privada (PPP), que de todas maneras viene con mucho retraso en su implementación, por lo que no sería suficiente para llevar tranquilidad en el año electoral.

Hace apenas unos días, Vidal erró el diagnóstico y creyendo que la tormenta cambiaria ya estaba superada apuró a los intendentes amagando con no presentarse el año que viene si no acompañaban el ajuste, por lo que ya ni siquiera le queda ese cartucho para la negociación y por eso las relaciones económicas entre la provincia y los municipios es por el momento pura incertidumbre.