Reforma constitucional en América Latina

El panorama político latinoamericano está atravesando un año agitado en términos electorales. La pandemia, así como las manifestaciones sociales iniciadas en el año 2019, marcan un cronograma electoral latinoamericano lleno de crispación. Dentro de las plataformas electorales, un tema se destaca, la reforma constitucional.

Integrante del grupo Amauta


En su columna semanal, el periodista internacional Juan Manuel Karg, señalaba sobre las elecciones mexicanas de medio término, un paralelismo entre las acusaciones de la oposición al partido MORENA de Manuel Andrés López Obrador y la oposición liderada por Sergio Massa en las elecciones del 2015, en referencia a la idea que los gobiernos progresistas vienen “por todo”, siendo ese “todo” la reforma constitucional. A pesar de que los dichos de Massa parecen lejanos en la realidad nacional actual, el miedo de los sectores conservadores frente a las modificaciones constitucionales, es un temor que se reitera en el tiempo. ¿Por qué son importantes las reformas constitucionales? ¿Cuáles han sido las últimas reformas? ¿Cuáles fueron los contenidos que se pusieron en debate en esas reformas?

Volviendo a aquellos dichos del Massa opositor, es cierto que América Latina se caracteriza por ser una región de múltiples modificaciones constitucionales, donde los presidencialismos cumplen un rol muy destacado en los cambios de las Cartas Magnas. Según informó DW, desde el período de las independencias latinoamericanas han existido más de ciento noventa constituciones en la región, siendo Venezuela el país que más constituciones ha promulgado, con veintinueve en su haber.

Nuestras constituciones expresan la capacidad que posee un pueblo de dictarse a sí mismo las normas bajo las cuales se someterá. El abogado y profesor universitario Raúl Borello, retoma la idea de poder constituyente como aquel que pertenece al pueblo para constituir una sociedad civil o estado y para darse una organización política y jurídica. Sumando a esta definición, Borello agrega que este poder constituyente a diferencia del poder constituido, que refiere al poder rutinario ejercido por el Gobierno de un Estado – reaparece en el momento en que ese pueblo decide revisar su contrato social.

Todo lo anterior implica que los cambios y las modificaciones realizadas en un Carta Magna expresan directamente las relaciones de fuerza establecidas dentro de una sociedad, la distribución de las responsabilidades y los recursos, los derechos y garantías que valen la pena consagrar y los valores fundamentales que esta sociedad defiende. Es decir, instituyen un pacto para vivir.

Durante el giro a la izquierda, varias de las constituciones latinoamericanas sufrieron cambios, justificando en cierta medida las sospechas del ex intendente del Tigre. Los países que modificaron sus constituciones en este período histórico fueron: Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. Argentina y Brasil no formaron parte de estas modificaciones, alterando sus cartas constitucionales por última vez en 1994 y 1988, respectivamente. Es más, algunos intelectuales distantes de los gobiernos de corte populista, destacan que Luíz Inacio Lula da Silva se limitó a sí mismo en su personalismo, al no alterar la Carta Magna brasileña – atribución que no le reconocen ni a Néstor ni a Cristina Kirchner –.

Para Bouventura de Sousa Santos, los cambios constitucionales vividos durante el período del giro a la izquierda pueden conceptualizarse como “constitucionalismo plurinacional, intercultural y poscolonial”. Este tipo de constitucionalismo se opone al antiguo, del siglo XVIII, caracterizado por ratificar la manera en que los pueblos ya constituidos vivían; y al moderno, embebido de las ideas iusnaturalistas y contractualistas. Por su parte, el constitucionalismo plurinacional, intercultural y poscolonial se define, en los términos del intelectual brasileño, por tres rasgos: reconocimiento recíproco e igualdad en la diferencia, continuidad y legitimidad y consentimiento. Es así como emergen la defensa de derechos colectivos, que se garantizan de manera comunitaria. Por ejemplo, la nueva constitución boliviana se destacó por su defensa de la plurinacionalidad y la autonomía indígena originaria, de la naturaleza y los recursos naturales; mientras que en las constituciones de Venezuela y Ecuador, hay una primacía de la equidad. Finalizado el ciclo de la marea rosa, la propia retórica de los gobiernos de derecha posteriores, centrados en la idea de república y división de poderes, hicieron que la reforma constitucional no sea un tema de agenda.

Sin embargo, las manifestaciones del 2019 y los reclamos por justicia social en diferentes puntos de Latinoamérica trajeron nuevamente la cuestión de las reformas constitucionales a la mesa de negociación. Así, Chile, luego de las protestas masivas iniciadas por estudiantes que se negaron a pagar el boleto, derivaron en un plebiscito donde la opción ganadora fue la reforma constitucional. Ese proceso además implicó grandes innovaciones para el país vecino, tales como la designación de escaños para los pueblos originarios y la paridad de género en la conformación de los constituyentes. A su vez, dichos constituyentes fueron elegidos por el voto popular, vislumbrando una amplia mayoría de la izquierda.  Por otro lado, el presidente electo de Perú, Pedro Castillo, también sostenía en su plataforma de campaña la necesidad de reformar la constitución fujimorista. Los ejes de cambio posicionarían a la nueva Carta Magna como solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora, plasmando un nuevo régimen económico del Estado.

Es importante resaltar que la legitimidad de las reformas constitucionales se basa en la forma y en los procesos mediante los cuales estos cambios tienen lugar. Así, mientras que en el caso chileno todas las decisiones de magnitud fueron y serán tomadas a través del voto popular, el futuro magistrado peruano ha sembrado algunas dudas de cómo sería ese proceso, primando la conformación de una Asamblea Constituyente por fuera del mandato del Congreso Nacional.

En lo que atañe al caso mexicano se presentan dos ejemplos claros donde los partidos gobernantes de tinte progresista decidieron no modificar la constitución – Brasil y Argentina –, frente a tres casos ya mencionados. Sin embargo, la gestión de Manuel Andrés López Obrador, su cercanía con los Estados Unidos y la fortaleza de su Carta Magna – redactada en 1917 siendo la primera ley fundamental en consagrar derechos sociales a nivel global –, invitan a pensar que es poco probable que AMLO decida llevar a cabo un cambio de ese tinte, acercándose a los casos argentino y brasileño.

Por último, es clave afirmar que la vigencia en agenda de los cambios constitucionales no es potestad privativa de los partidos progresistas. El temor por los cambios también surgió con las elecciones legislativas que le dieron la mayoría parlamentaria al presidente Nayib Bukele en El Salvador. Además, Keiko Fujimori en Perú también poseía proyectos para la modificación constitucional.

Los cambios en el tablero político latinoamericano nos dan la certeza de que hablaremos por mucho tiempo más de las reformas constitucionales. Esto puede ser interpretado como el impacto de las manifestaciones y conflictividad social que irrumpieron en el 2019 y que la pandemia del COVID-19 potenció, poniendo en juego y cuestionando la representatividad democrática sostenida por las elites políticas gobernantes. Nuevas voces e identidades han nacido en América Latina y la manera en que se logre condensar el descontento social determinarán el contenido de las reformas constitucionales. Un nuevo pacto debe escribirse y con él, la vida de nuestros pueblos.



Sobre la autora 

Victoria Musto Barello es Licenciada en Relaciones Internacionales, adscripta a la asignatura Historia de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas y Argentinas (FCPOLIT - UNR), conductora del programa Café Internacional y periodista para Conclusión.


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