Registradas, una política necesaria

OPINIÓN. El reciente lanzamiento del programa Registradas, que aborda la situación del trabajo en casas particulares, es una medida muy necesaria en cualquier contexto, pero mucho más después de un año y medio de pandemia.


El reciente lanzamiento del programa Registradas, que aborda la situación del trabajo en casas particulares, es una medida muy necesaria en cualquier contexto, pero mucho más después de un año y medio de pandemia.

El año pasado en Estados Unidos bautizaron a la crisis laboral como una “shecession” (por la combinación de las palabras “she” y “recession”). Allí observaron que la pandemia afectaba con mayor intensidad la situación laboral de las mujeres porque, por un lado, una parte importante de las actividades más golpeadas tiene una alta participación femenina (recreación, hoteles y restaurante, y educación entre ellas). Y a su vez, las mujeres fueron quienes se hicieron cargo de satisfacer la mayor necesidad de tareas de cuidado que se originó por el cierre de escuelas y centros de cuidado durante el confinamiento, lo cual les dificultó la posibilidad de trabajar.

En nuestro país parece darse una situación similar, aunque con algunas particularidades que lo distinguen. Aquí, los niveles de pérdida de empleo durante el año pasado fueron similares entre varones y mujeres; y la recuperación de los últimos meses de 2020 venía siendo pareja entre trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, en 2021 las mujeres quedaron rezagadas. Esa realidad obedece principalmente a la situación de las trabajadoras de casas particulares, en particular, de las informales.

El trabajo en casas particulares es el sector que en 2021 se encuentra más afectado en términos de empleo, totalizando 360 mil puestos menos que en 2019 (un 25% del total de empleos que tenía la actividad antes de la pandemia).

La magnitud de esa destrucción puede explicarse a partir de la combinación de dos factores.

El primero tiene que ver con el alto nivel de vulnerabilidad que caracteriza a este tipo de empleos, situación vinculada con que la gran mayoría de las trabajadoras de casas particulares se desempeña en la informalidad. En efecto, antes de la pandemia, la tasa de empleo no registrado de dicha actividad era del 75%, lejos del 35% del conjunto de los sectores. Tal realidad facilita el despido de trabajadoras dado que, al tomar tal decisión, los empleadores no abonan indemnización, notifican previamente ni cumplen con ninguno de los requisitos fijados por las normas. Además, parte importante del trabajo en el sector se contrata por horas o por días.

Sobre ese escenario de precariedad prexistente se montan los efectos de la crisis económica y sanitaria. En el contexto de pandemia, la profunda caída del empleo en el sector doméstico puede explicarse a partir de las mayores dificultades que tuvieron los empleadores para sostener el pago de salarios debido al deterioro de sus ingresos. A su vez, el trabajo en casas particulares es una actividad con cierta exposición al riesgo de contagio, lo cual pudo haber incentivado a muchos empleadores a prescindir de las trabajadoras. Y la posibilidad de trabajar desde sus casas vía teletrabajo también pudo haber convencido a ciertos empleadores de que en esas circunstancias no precisaban contratar servicio doméstico.

A partir del inicio de la pandemia, la inclusión de las trabajadoras domésticas (tanto registradas como no registradas) en el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) apuntó a garantizarles un ingreso durante los meses de mayores restricciones. Sin embargo, hay distintas razones que hacen pensar que era necesario reforzar el abordaje de políticas sobre el sector.

En primer lugar, la magnitud de la destrucción de empleo en la actividad que, como referimos, es la más importante del conjunto de los sectores.

En segundo lugar, la incidencia que tiene este trabajo para el empleo femenino, considerando que antes de la pandemia el 17% de las mujeres ocupadas (y el 22% de las que estaban en relación de dependencia) se desempeñaba en el sector.

En tercer lugar, la posibilidad cierta de que el sector no recupere los empleos perdidos durante la pandemia, o lo haga muy paulatinamente. En efecto, es válido conjeturar que las dificultades que está teniendo el trabajo doméstico para recuperar los empleos puede relacionarse con transformaciones que sobrevinieron con la pandemia (como el teletrabajo) y no está claro si se van a revertir o en qué medida lo harán.

Por último, el hecho de que la pérdida de empleo se haya combinado con el deterioro de las condiciones laborales de quienes preservaron sus puestos de trabajo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, las trabajadoras domésticas fueron afectadas a nivel global durante la pandemia por la falta de provisión por parte de los empleadores de los materiales y el equipamiento necesario para reducir la exposición al contagio; por la extensión de las jornadas laborales debido a la mayor necesidad de cuidado producto del cierre de escuelas; y en muchos casos, por la suspensión del pago del salario de quienes se desempeñan bajo la modalidad sin retiro o “cama adentro”, amparándose en que no habrían de necesitarlo dado que durante el confinamiento las trabajadoras no salían de las casas de sus empleadores (lo cual es particularmente problemático para las trabajadoras migrantes que envían ese ingreso a sus países de origen para sostener a sus familias).

En ese marco, el necesario abordaje de las problemáticas que afectan al conjunto de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país en materia de empleo y salarios debía combinarse con una atención específica sobre el sector de casas particulares. Hasta acá las políticas de sostenimiento del empleo (ATP, REPRO, etc) habían apuntado fundamentalmente a trabajadores de empresas. Sin ser una solución integral al histórico problema de precarización del sector, la implementación del programa Registradas constituye un paso necesario para saldar esa cuenta pendiente.

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