Represión en Colombia: llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Hoy se inicia la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzará este martes su "visita de trabajo" en Colombia, que se extenderá hasta el 10 de junio, y que tiene como objetivo observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril. En los días mencionados, la CIDH estará en Bogotá y Cali para reunirse, dialogar y recibir información de amplios sectores. 

La delegación estará liderada por la Presidenta de la CIDH, Comisionada Antonia Urrejola; e integrada por los Comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón; con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y personas del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.

Durante la visita de trabajo al país, la Comisión se reunirá con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, incluyendo autoridades gubernamentales de distintos niveles de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial; representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agrupaciones, sindicatos y otros representantes de sectores afectados por las protestas. En la ocasión se buscará especialmente escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones. Las organizaciones que tengan interés en participar de las reuniones deberán completar y seguir las instrucciones del siguiente formulario

Debido a la actual coyuntura sanitaria relacionada con la pandemia del COVID-19, la toma de testimonios, que será presencial, debe ser agendada a través del portal de Recepción de testimonios. Por cuestiones sanitarias, se dispondrá de cupos reducidos y solo recibirá personalmente a quienes se hayan registrado y recibido un mensaje de confirmación con fecha, hora y lugar. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.


La represión en Colombia

Desde el 28 de abril, miles de personas salieron a la calle en todo el país en un “Paro Nacional” convocado por varios movimientos sociales para pedir que se retirara una reforma tributaria y se mejoraran las medidas sociales y económicas. Las autoridades respondieron desplegando el ejército en varias ciudades, estigmatizando públicamente a quienes se manifestaban, y sofocando las protestas con uso excesivo de la fuerza, incluidas armas que causaron la muerte de decenas de personas y cientos de heridas, detenciones arbitrarias o desapariciones. Pedimos al presidente que garantice el derecho de la población a la reunión pacífica.

El 28 de abril dio comienzo un “Paro Nacional”, provocado por una propuesta de reforma tributaria presentada por el presidente Duque con el objetivo de incrementar los ingresos tributarios para hacer frente a la crisis económica tras un año de desaceleración económica causada por los efectos de la pandemia de COVID-19 en el país.

El “Paro Nacional” retomó también varios reclamos expresados por la sociedad colombiana en protestas similares a finales de 2019, como por ejemplo medidas para detener los homicidios de líderes sociales, cumplir el Acuerdo de Paz, un sistema de salud accesible, seguro e integral, y una reforma exhaustiva de la policía, entre otras cosas. El 1 de mayo, el presidente anunció una presencia militar en “los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”, y declaró: “Quiero también hacer una advertencia clara a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones”. El 5 de mayo, el presidente declaró también que “[l]a amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales”, y añadió: “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”.

Desde el comienzo del “Paro Nacional”, varias movilizaciones en ciudades clave como Bogotá, Cali y Pasto recibieron como respuesta uso excesivo de la fuerza, incluida fuerza armada y letal, que causó la muerte a 31 personas, heridas a 216 y la detención arbitraria de 814. También se han recibido ataques preocupantes sobre actos de violencia sexual y desaparición de personas. Amnistía Internacional ha verificado vídeos en los que se ve a la policía colombiana utilizando armas letales y haciendo un uso indiscriminado de armas menos letales, como gas lacrimógeno, cañones de agua y otros materiales, contra manifestantes en varias partes del país.

Este patrón de represión de las protestas del “Paro Nacional” de este año reproduce lo ya presenciado en las protestas de 2019, cuando varias personas murieron tras haber recibido disparos de granadas de gas lacrimógeno y de armas de fuego con munición real y munición potencialmente letal, así como en otras protestas celebradas a finales de 2020, en las que la Policía Nacional informó de heridas a 403 personas, entre ellas 194 miembros de las fuerzas de seguridad, y la muerte 10 personas en el contexto de las protestas en respuesta al homicidio del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía.

Están en marcha varias investigaciones sobre delitos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de protestas, pero el hecho de que las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía sigan siendo investigadas por la justicia militar, como el caso de Dilan Cruz, muerto durante una protesta en 2019, impide que se realicen progresos tangibles para lograr la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas, sus familiares y la sociedad.


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