Stolkiner: “La ley de Salud Mental es muy avanzada en términos de derechos para quienes deben ser internados”

La repercusión del caso “Chano” puso en el centro del debate público un tema muchas veces postergado: la salud mental. Además, el trágico desenlace que tuvo el episodio que protagonizó el músico le agregó otro aspecto más que profundiza la problemática: la intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones de crisis. Sin embargo, las características que tuvo el hecho no son excepcionales: semanas atrás, en Salta, la policía detuvo a Matías Nicolás Ruiz cuando caminaba desnudo por la vía pública. El hombre murió luego de permanecer una hora esposado sin recibir atención médica y en su cuerpo se hallaron moretones. El miércoles pasado, en Entre Ríos, Victoria Nuñez, una joven trans de 27 años, falleció asfixiada luego de que seis agentes la llevaran esposada de su domicilio en medio de una crisis mental.

Lejos de la frivolización mediática sobre lo que aconteció con el exlíder de Tan Biónica y de la distorsión de la discusión que se produjo en torno a la Ley Nacional de Salud Mental, se pronunciaron otras voces que complejizan la mirada y contextualizan un panorama que resulta más frecuente de lo pensado. En ese sentido, El País Digital dialogó con Alicia Stolkiner, licenciada en Psicología, especializada en Salud Pública con orientación en Salud Mental.

Durante la extensa charla, la especialista defendió la Ley Nacional de Salud Mental al sostener que es “muy avanzada en términos de derechos para las personas que son internadas”. En esa misma línea, explicó cuál son los puntos relevantes de la norma para regular este tipo de casos y dijo entender los reclamos de los familiares que cuestionan algunos aspectos. No obstante, criticó a los periodistas y profesionales quienes dijeron falsedades sobre la misma.

Por otra parte, la investigadora consideró que falta profundizar la capacitación en las fuerzas de seguridad para accionar en situaciones de crisis, pero aclaró que también puede existir un déficit de preparación en los equipos especializados en la intervención en este tipo de crisis.

Finalmente, diferenció a quienes son considerados adictos dentro del campo más amplio de los   consumos problemáticos, y se refirió a la importancia de contar con dispositivos de prevención para brindar un abordaje más efectivo.

*Sobre Alicia Stolkiner. Es Licenciada en Psicología, especializada en Salud Pública con orientación en Salud Mental. Profesora titular de la Cátedra II de Salud Pública/Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires; profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, además de otros posgrados nacionales y extranjeros. 

Es investigadora categorizada I, directora de Proyectos de Investigación UBACyT, de la Universidad de Buenos Aires y de otras entidades del país y el exterior. También se desempeña como coordinadora del Equipo Interdisciplinario Auxiliar de la Justicia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), de la Secretaría de Derechos Humanos. Fue coordinadora del Nodo Argentina de la Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud del Cono Sur, y presidente de la International Association of Health Policies. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) desde 1986.**

¿Cuán habitual es la intervención de las fuerzas de seguridad en casos como el de "Chano" Charpentier?

Las fuerzas de seguridad intervienen desde siempre en situaciones de crisis en el campo de la salud mental, cuando el hecho es relacionado al consumo o a problemáticas psiquiátricas. Por ejemplo, cuando suceden en la vía pública o en ocasiones en que los familiares solicitan la presencia de las fuerzas de seguridad. Esto no es que pasa ahora, suele suceder, nada más que este caso tuvo un desenlace horrible, pero en los últimos días hubo otros como los episodios de Paraná y Salta. Además, no hay que olvidar la historia de Sebastián Bordón en la década del 90.

La participación de las fuerzas en situaciones de esta índole estaba ya contemplada en el año 2013 cuando la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, incorpora un párrafo en el protocolo de actuación de fuerzas de seguridad en el que señala que la policía debe llamar inmediatamente a un equipo de intervención especializado, y en todo caso quedar a disposición de estos profesionales.

Esto después lo retoma en 2015 la Comisión Interministerial de Salud Mental CONISMA, que existía como parte de la Ley Nacional de Salud Mental, y establece una serie de protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en este tipo de circunstancias. Sin embargo, el avance logrado en la materia, queda desactivado cuando a finales de 2015 comienza la gestión de Mauricio Macri. En ese entonces, desaparece la comisión y el protocolo de Nilda Garré queda inoperante.

Más allá de esto, creo que esta capacitación a las fuerzas de seguridad nunca se hizo. He visto en una provincia en la que estaba haciendo un trabajo en terreno, que la policía metía en el baúl del auto a una persona que estaba con un cuadro de delirio. Puede suceder , los agentes son personas comunes, que tienen los mismos preconceptos y las mismas discriminaciones con respecto a las personas con sufrimientos psíquicos o consumos que la mayoría. Además, en Argentina se suele olvidar que las fuerzas de seguridad son civiles, no son fuerzas militares que tienen que trabajar con la hipótesis de un enemigo, son fuerzas civiles que están para servir a la comunidad y cuidar a los ciudadanos.  

**El caso de Sebastián Bordón fue uno de los más paradigmáticos de la década de los ’90. La víctima, que al momento del hecho tenía 19 años, había partido desde Moreno, provincia de Buenos Aires, con sus compañeros y docentes para realizar su viaje de egresados, pero varios desequilibrios emocionales del estudiante provocaron que los docentes a cargo del grupo lo dejaran en un destacamento policial en manos de la policía mendocina, donde luego de otra crisis emocional violenta fue asesinado por los efectivos policiales, quienes intentaron ocultar y encubrir el crimen posteriormente.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo en una entrevista que, más allá del trágico desenlace que tuvo este episodio y que la justicia determinará la responsabilidad del agente, se le está pidiendo a la policía cosas que no están a su alcance para accionar en situaciones de esta índole. ¿Coincidís o considerás que debe haber un trabajo más profundo entre el área de salud y el área de seguridad?

Considero que habría que profundizar la capacitación, pero que también ella tiene razón que se le está pidiendo cosas que no están a su alcance. No soy una especialista en seguridad, pero puedo  que decir que la policía es permanentemente llamada para situaciones que no son delictivas, la sociedad acude a ellas porque el vecino está haciendo mucho ruido. Son requeridas por lo que antes se denominaban contravenciones. Entonces, hay una persona caminando desnuda por la calle, como sucedió en Salta, y los vecinos llamaron a la policía, quizá ahí tendrían que haber alertado a un equipo de salud mental, no a la fuerza.

También en el caso Bordón sucedió que las profesoras que iban con el joven pensaron que había tomado drogas porque estaba con una actitud persecutoria y en vez de dejarlo en un hospital, lo alojaron en una comisaría. Eso es por la idea de que consumo es igual a delito.

De todos modos, y pensando en las fuerzas policiales con funciones de cuidado, deberían recibir capacitación específica para actuar en estas situaciones.

¿Qué opinión tenés de los profesionales que salieron a cuestionar la ley de salud mental? ¿Desde tu óptica se generó un debate erróneo sobre la misma? ¿Y cuáles considerás que los puntos claves de esta norma para regular este tipo de casos?

Se dijeron muchas cosas falsas, por ejemplo que la ley no permite internar involuntariamente. Es suficiente con leer el capítulo 7, en el que están los artículos 20, 21 y 22 que prevén las internaciones involuntarias. No puedo creer que un comunicador no tenga un productor que revise la información y le señale que esto no es así, por eso tiendo a pensar que las falsedades respecto de esta norma son intencionales.

Por otra parte, aparece una observación que hacen los familiares de personas que ellos llaman con adicciones, porque no todo consumo problemático es una adicción. Un adolescente puede ser alguien que no consume ningún tipo de droga, pero se va a una fiesta y se intoxica porque en esa ocasión consumió, y no podemos decir que es un adicto. O una persona común que nunca consume alcohol, asiste a un asado y toma de más y provoca un accidente, entonces es un consumidor problemático pero tampoco podemos decir que es un adicto.  

En este aspecto, la ley sólo contempla la intervención involuntaria en casos de riesgo cierto o inminente, eso estaba muy pensado para las problemáticas psiquiátricas clásicas. Antes una persona tenía un episodio psicótico y lo internaban y por ahí se pasaba toda la vida así, cuando lo cierto es que una vez compensado,  con el tratamiento y con los dispositivos necesarios puede vivir en comunidad tranquilamente. Lo que dicen los familiares es que en el caso de los adictos sucede que cuando le hacen la entrevista, están en condiciones de decidir y deciden no internarse porque en ese momento no han consumido, y tres días después recaen y tienen un cuadro totalmente incontrolable.

Ahí hay un debate sobre la cuestión de los consumos problemáticos, hay quienes querrían que exista la internación involuntaria de larga data y lo que dicen es que la ley no contempla esta especificidad. Esto está muy ligado a las famosas comunidades terapéuticas que hay que mirarlas con lupa, hay gente que ha muerto en ellas como lo muestra Pablo Galfré en el libro “La Comunidad”, en el juicio que se condenó a personas por dejar morir pacientes sin asistencia médica en ese tipo de comunidades. Tienen lo suyo, debe haber buenas y malas comunidades.

Lo que sucede es que la ley se sitúa en la lógica de la despenalización del consumo.  Antes,  el juez detenía una persona por consumo y podía suceder que en vez de condenarlo le daba la opción de realizar obligatoriamente un tratamiento de internación. O que un abogado lograba que una persona que cometió algún tipo de delito en situación de consumo, le dieran la opción del tratamiento. Entonces, estamos en un debate muy complejo, porque en los ’90 por ejemplo una chica que conocí salió de un recital con un cigarrillo de marihuana y se pasó dos años presa, y ni siquiera era una adicta, era una consumidora eventual.

Ese es el debate de los familiares que cuestionan la ley. Entiendo su planteo, lo respeto y merecen ser escuchados, pero siempre en el marco del reconocimientos de los derechos. La ley de salud mental es una ley avanzadísima en términos de derecho de una persona a la que se le va a privar de su libertad. El riesgo es muy grave, por ejemplo: un señor tiene una empresa importante, los hijos la quieren manejar y le meten un alucinógeno en la bebida, lo internan y después lo mantienen sobre medicado de tal manera que logran sacar una certificación de que no está capacitado para manejar sus bienes y lo manejan ellos, esto es algo que ha sucedido.

Lo otro que algunos objetan es que la ley hizo una transformación en el código civil existente en ese momento, que luego se modificó, que trabajaba con el concepto de “peligrosidad”. Es decir, que la persona era internada porque se la consideraba peligrosa para sí o para terceros. No obstante, “peligrosidad” es una condición de la persona, eso obliga luego a demostrar que dejó de ser peligrosa. Peligrosos somos todos. Una vez,  un señor que aparentemente era un buen empresario,  un día entró en un divorcio contencioso y acuchilló a su mujer delante de la abogada y su madre, y nadie lo hubiese internado diez años antes y no tenía un cuadro psiquiátrico detectable.  Este caso fue conocido porque salió en los diarios. Entonces, antes para sacar una persona de la internación tenías que probar que había dejado de ser peligrosa, esa es una definición dura. En cambio, cuando hablás de “situación de riesgo cierto o inminente”  quiere decir que en ese momento la persona está con algún tipo de conducta y de situación y condición que le impide evaluar los riesgos y evitarlos. También es cierto que se liga mucho el concepto de consumo adictivo a la peligrosidad y a la delictividad, así como se ligaba la locura a la peligrosidad.

Además, la ley tiene 10 años de sancionada, pero tiene 7 u 8 años desde que se reglamentó, y en ese tiempo hubo cuatro años (durante el Gobierno de Cambiemos) en el que no se le dedicó recursos y luego empezó la pandemia. Lo mismo, en la Provincia de Buenos Aires se está haciendo mucho por transformar las grandes instituciones de internaciones y generar nuevos modelos de asistencia. Sí pienso que hay que revisar muy bien cómo se da no sólo el tratamiento de las situaciones de adicción o consumos problemáticos, sino también la prevención, y que necesitamos muchos más dispositivos y recursos para ello.

Sumado a esto,  yo tengo la impresión que no sólo la policía no está preparada, considero que los profesionales que acuden para intervenir en situaciones de crisis tampoco suelen estar capacitados para ello. Los especialistas estamos muy acostumbrados a que te traigan a los pacientes a tu hábitat, a tu consultorio o a la guardia hospitalaria, donde tenes tus equipos y el personal de seguridad. Pero intervenir en otro tipo de condiciones es muy distinto.  Los ingleses tenían la práctica de ir a domicilio con equipos específicamente preparados, porque un psiquiatra puede ser un farmacólogo maravilloso y un tipo capaz de hacer una excelente entrevista psiquiátrica, pero eso no quiere decir que pueda moverse en una situación en la que tiene que manejar a la policía para que intervenga y tomar decisiones en escenarios límites.

Santiago "Chano" Charpentier

Más allá de tu especialidad, ¿de qué otro tipo de profesionales se necesita para intervenir en situaciones de crisis y, en un marco general, para abordar temas de salud mental?

En el caso de Chano, por ejemplo, ellos tenían una muy cobertura con OSDE, que a su vez contrata servicios de salud mental. Aparentemente la ambulancia que llegó tenía una médica clínica y un psiquiatra, pero, como dije antes, estos profesionales pudieron no estar necesariamente capacitados para intervención en crisis y para intervención en crisis en situación, que es una cosa muy distinta que accionar en una institución. No estoy diciendo que no lo estuvieran porque no evalúo la situación.

Un tipo de personal que incorporaría  es la enfermería en salud mental, son quienes más tienen experiencia en el cuerpo a cuerpo con los pacientes y generalmente no forman parte de los equipos de salud que intervienen en situación de crisis.

5) La madre de "Chano" dijo que su hijo sufrió una "agitación psicomotriz” y no un "brote psicótico". ¿Cuál es la diferencia?

El episodio psicótico es un diagnóstico, se caracteriza porque es alucinatorio, es decir puede tener una percepción errónea de la realidad. En cambio cuando decís un episodio de agitación psicomotriz estás haciendo una descripción sintomática, es como señalar que una persona tiene fiebre. Puede ser por intoxicación, por una causa física, o combinada con aspectos psicológicos, pero se presenta de esa manera. Tiene una conducta agitada y con reacciones abruptas.  Lo que la madre de Chano trata de decir es que su hijo no es psicótico, sino que estaba con un cuadro de intoxicación, de consumo, me parece.

6) ¿Pensás que este caso es una buena oportunidad para poner en el eje de la agenda pública una problemática que suele estar postergada? ¿La pandemia pudo haber agudizado este tipo de comportamientos?

Creo que se plantea mal el debate alrededor de la situación, porque es estigmatizante y porque hablan de una ley que no conocen. Obviamente la pandemia nos ha afectado a todos.  Por otro lado, hemos observado y comentado con otros profesionales que durante todo el año 2020 muchas personas que tenían diagnóstico de cuadros como esquizofrenia y que estaban compensadas en tratamiento y viviendo en comunidad, resistieron el confinamiento mejor que las personas comunes. Pero, por cierto, pese a que yo no soy especialista en ese tema, gente que trabaja con consumos problemáticos me dijo que ahí si se complicó la situación. Primero porque el aislamiento había cortado los circuitos de provisión y a raíz de eso circularon drogas de muy mala calidad. Y en los barrios pobres, sobre todo, no se conseguían, y ante la falta de la sustancia de consumo los jóvenes acudían al alcohol, y que esto mezclado con el síndrome de abstinencia producía situaciones de violencia, pero es lo que me comentan los especialistas.