Una vacuna para el privilegio

Aquello que quedó expuesto como síntoma con la confesión de Verbitsky y la renuncia de Ginés González García es una cultura patrimonialista incompatible con los presupuestos de la igualdad. También, los riesgos del microclima en tiempos de vacas flacas.

Tal vez no sea la primera bala que le entra al Gobierno, pero sin dudas es la que caló más hondo e hizo mayor daño. Tanto que aún no conocemos su dimensión ni alcance.

En cualquier caso, el episodio que inició con la insólita confesión de Horacio Verbitsky y siguió con la renuncia del ministro Ginés González García no agota sus implicancias en este golpe directo al capital simbólico y político del Gobierno.

Poco importa si se trató de una jugada mal resuelta para anticipar una publicación de Clarín o si una interna oficialista a cielo abierto habilitó el escándalo, todas hipótesis que ya no merecen ni el lugar módico de una nota al pie.

Claro que se patentizan las dificultades severas del albertismo para articular relatos, para desplegar una comunicación estratégica y para hacer control de crisis, pero allí tampoco encuentra el hecho su origen ni trascendencia. Incluso, si estas dificultades se manifiestan con explicaciones presidenciales dignas de una chicana en Twitter o ventilando rencillas con medios argentinos durante una protocolar conferencia de prensa en México.

Aventajando cualquier connotación, aquello que quedó expuesto como síntoma es el modo en que el patrimonialismo permea entre nuestras élites, la transversalidad de esta cultura del privilegio y la impunidad, con independencia de itinerarios y percepciones. Considerando los riesgos que esto supone para la legitimidad democrática en un contexto de empeoramiento generalizado en las condiciones de vida de las mayorías, podemos inferir que esta práctica tiene como correlato indispensable un desfasaje notorio con la realidad de la base social. No hay patrimonialismo sin microclima.

En este punto, el problema radica en qué tipo de abordaje hacemos del manejo patrimonialista de los recursos públicos. Predomina una crítica que se presume moral de esta apropiación particular de bienes estatales, una crítica que sesga el debate sobre los privilegios y, como si pudiese prescindirse de su dimensión política, abre y cierra el circuito de impugnación en el carácter legal o ilegal de los actos. Y por supuesto que esos son planos insoslayables, pero la crítica al patrimonialismo no puede concluir allí, en la dimensión honestista. Al acotar de tal modo la crítica, esa presunción moralista que se hace por Derecha suele encubrir las capturas de lo público por parte de sectores empresarios y otros privilegios de grupos económicos dominantes; en paralelo, minimiza la idea de lo que es común y elude toda referencia a una noción fundamental: la igualdad. Vale recordar que, así como la legalidad deviene supuesto fundamental para el orden público, es la igualdad el presupuesto básico para el orden ciudadano.

Apartada, entonces, la crítica honestista, no hay excusas para una interpelación por Izquierda del fenómeno referido. Sin embargo, la recurrencia de la práctica, la aceptación lisa y llana de su perdurabilidad, la resignación ante lo que siempre ha sido y será muestran el conflicto de algunos sectores progresistas locales y del peronismo para problematizarlo. Como si el hábito del favor y el abuso de las prerrogativas fuesen designios divinos. O peor, una marca distintiva del realismo político. Mucho de esto pudo escucharse y leerse anteriormente y no descartemos que volvamos a leerlo y escucharlo cuando pase el chubasco, si es que algo queda luego de su paso.

La relativización ética y la celebración del exceso, la reivindicación implícita del desenfado para ejercer la autoridad sin otro control que el propio juicio o el desprecio por lo mejor de las tradiciones liberales son distintas caras de este extravío del realismo político que marcó la suerte de los involucrados en el affaire detonado por Verbitsky.

Una y otra vez, corresponde remarcar que esta apropiación particular del Estado como si fuese un capital atenta contra la voluntad de controvertir la función extractiva de grupos empresariales u otros grupos de poder y desautoriza cualquier objeción de la noción misma de privilegio en el orden social. Por eso, denunciar el patrimonialismo debería ser un juicio rector de cualquier programa democrático/progresista y no distinguir entre críticas por Derecha e Izquierda representa un error. Cuando no, una excusa.

Difícil es establecer si el secretismo y la ambigüedad para definir y transparentar procedimientos que rodearon a este episodio son condiciones de posibilidad o meras manifestaciones de la cultura patrimonialista, pero existe una correlación manifiesta que aquí quedó en evidencia. De esta manera, no se supo, no se quiso o no se pudo explicitar en tiempo real la nómina de funcionarios beneficiados con la vacuna ni el criterio para ponderar a unos por sobre otros sin discrecionalidad.

Esto es, a los males inherentes a la práctica en cuestión se le adosan una serie de daños colaterales fruto de aquellas otras prácticas asociadas. Bien grafica el periodista Iván Schargrodsky: “Entender por qué no hizo explícito y público el criterio parece tener más que ver con una comentada falta de vocación en esas áreas que con hipótesis de conspiración. Vacunar a quienes el Estado considera personal estratégico hubiera generado un malestar inicial y momentáneo. Poco más de 100 vacunas sobre las 1.8 millones que llegaron hasta el momento parecía un costo tolerable en un momento en el que la oposición se burlaba de la Sputnik V. Una lectura prudente sobre la vacunación y los privilegios, entonces, debería separar a quienes cumplieron con los protocolos y requisitos -siempre mejorables en cuanto a su calidad y claridad-, los quiebres normativos que inevitablemente ocurren y aquellos que son responsabilidad directa del gobierno y conviven en la inaceptable lógica del privilegio. En Argentina hay ejemplos de las tres y que haya habido casos vinculados a la responsabilidad política directa le costó el cargo de ministro a Ginés”.

Consecuencia inevitable es que paguen justos por pecadores, que se confundan el todo con la parte, que los errores de procedimiento caigan en la bolsa de lo espurio. Tan inevitable como las maniobras políticamente lucrativas de opositores que ayer denunciaban a la vacuna como veneno y pedían que el Presidente y su gabinete oficiaran de cobayos y hoy se desgañitan denunciando una malversación masiva de vacunas e inician una cacería de brujas que llega al punto de inventarle primos al gobernador Kicillof o exponer información confidencial.

Ciertamente, es legítimo el intento de discriminar un caso de otro, errores de ilícitos y confrontar las manipulaciones opositoras, pero nada de esto resuelve el problema de fondo ni deja de ser un acto meramente defensivo que improbablemente morigere los perjuicios.

Transitamos épocas de vacas flacas y caldo de cultivo para el escepticismo. La nota del citado Schargrodsky cierra con una mención al trabajo del sociólogo y consultor Ignacio Ramírez, que viene midiendo el nihilismo político en sangre de los argentinos desde 2013 y cuenta que, en siete años, la adhesión al “todos los políticos son iguales” trepó del 36 al 45 por ciento. “Cuidado con alimentar la antipolítica, se devora a sus padres y a sus hijos”, es la recomendación del sociólogo.

La suma de antipolítica, vacas flacas, microclima y la debilidad del Estado que desnuda el patrimonialismo se presenta como un escenario formidable para la emergencia de una narrativa ordenadora de cuño reaccionario en línea con el bolsonarismo o el trumpismo.

Así, resulta indispensable evitar las excusas, enmendar los errores y rebelarse contra las prácticas del privilegio para recomponer lazos entre la política y la sociedad y limitar el usufructo de los fabricantes de incertidumbre. Y si intensificar la campaña de vacunación y transparentar los procedimientos podría ser la forma más idónea de alejarse del escándalo y comenzar a reconstruir la confianza pública, poner en cuestión la cultura del privilegio (iniciando por los hábitos patrimonialistas del propio bando) es un camino ineludible en la lucha por una sociedad de iguales.

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