Vecinos de CABA volvieron a rechazar el convenio urbanístico de Larreta

Durante la segunda audiencia pública para habilitar las construcciones los vecinos afirmaron: “El problema no es la falta de vivienda, sino la falta de vivienda igualitaria”.

Vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron durante la audiencia pública que se llevó adelante este mediodía en la Legislatura porteña, el paquete de convenios urbanísticos, firmados entre el Gobierno de Horacio Larreta y constructoras para levantar once nuevas torres. 

De esta manera consideraron que el acuerdo incumple con la Constitución local y afirmaron que en el distrito “el problema no es la falta de vivienda” ya que existen 138 mil inmuebles que permanecen vacíos.

En este contexto, María Fukelman, vecina del barrio de Almagro  afirmó que en sí el problema es el “acceso a la vivienda igualitaria” y recordó un informe elaborado por el Gobierno porteño que muestra que hay más de 138 casas ociosas”.

Por su parte, Juan Carlos Arguero advirtió que “no cumplen con lo que establece el Plan Urbano Ambiental que indica que los convenios urbanísticos deben atender al interés público, ya que son de interés privado”, y agregó que “tampoco se puso a nuestra disposición los estudios de diagnóstico previo y de impacto ambiental”.

Días atrás un grupo de asociaciones sociales y barriales presentaron un amparo judicial para declarar la nulidad de los convenios y solicitar la cancelación de la audiencia pública que comenzó el viernes anterior. 

En el escrito, los amparistas advirtieron que la administración porteña incumplió con el proceso establecido en el Plan Urbano Ambiental, que rige en el distrito, que dispone que antes de girar los convenios a la Legislatura se deben cumplir unos pasos previos, como la presentación de un Estudio de Diagnóstico y una Evaluación de Impacto Ambiental de cada una de las torres proyectadas.

Además afirmaron que el paquete de acuerdos tampoco se ajustó al uso original para que fueron creados los convenios urbanísticos, el que alude a que debe "estar restringido a casos en los cuales resulte evidente que su objeto y las correspondientes contraprestaciones puedan considerarse de nítido interés público".

Cabe recordar que a su vez organizaciones sociales, vecinales y políticas presentaron un proyecto para que en su lugar se realice un parque ecológico y así evitar el daño ambiental. 



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