Vicentin: Concentración y extranjerización en un sector estratégico

Las exportaciones agropecuarias generan el 40% de las divisas genuinas que ingresan al país. En una economía tan extranjerizada como la nuestra, donde las grandes empresas remiten sus ganancias al exterior, garantizar que las mismas no se fuguen resulta una prioridad. Vicentin ocupa un lugar protagónico en una actividad nodal de la estructura económica nacional. El concurso preventivo por cesación de pagos y la posterior intervención por parte del gobierno nacional (o jurídicamente denominada ocupación temporaria), puso al descubierto la operatoria fraudulenta de la empresa. También activó el debate en torno a su estatización y al lugar estratégico que tienen las exportadoras de granos y derivados hasta el presente. Se generó una intensa polémica alimentada por los argumentos que difunde la empresa, los opositores políticos, las entidades empresariales que representan al capital extranjero y los grandes medios de comunicación que expresan los intereses de estos sectores.

En este artículo, pretendemos aportar una serie de datos y argumentos, con perspectiva histórica, que colaboren en sopesar las frases altisonantes que se escuchan en radio, televisión y los diarios. 

Concentración y extranjerización en la exportación de granos: problemas con historia

Desde sus inicios, la exportación de granos a gran escala estuvo concentrado en manos de un puñado de empresas que controlaron un resorte clave de la economía. Las llamadas “cuatro grandes”: Bunge & Born (de capitales belga-alemana) que se había instalado en el país en 1884, Louis Dreyfus (francesa) que se había radicado en 1897, Huni & Wormser (franco-suiza) y Weil Hermanos & Co. (también alemana) que había abierto sus operaciones en 1898, prácticamente monopolizaron el negocio hasta la Primera Guerra Mundial. Al respecto, en 1910, Jorge Born comentaba a un periodista francés que “casi la totalidad de los negocios de cereales se halla en manos de tres grandes casas exportadoras: la Bunge y Born –que es la nuestra-, la de Luis Dreyfus y Cía y la de Weil, hermanos, que compran y revenden por sí solas el 80% de la producción total” (Huret, 1988: 220).

Exceptuando los primeros gobiernos de Perón, donde el IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) monopolizó el comercio exterior de granos, esta actividad clave de la estructura económica argentina se mantiene concentrada en un reducido número de firmas. Entre las 9 firmas principales concentran el 91% de los 97,6 millones de toneladas totales de trigo, maíz, soja, cebada, sorgo, girasol, arroz, maní, más sus respectivas harinas y aceites vegetales y algunas legumbres que exporta Argentina. Un verdadero embudo. Allí se destacan empresas como COFCO, Cargill, ADM, Bunge o Dreyfus de capital extranjero (chino, norteamericano, francés, anglo-suizo y alemán). También compañías nacionales como Vicentin y Aceitera General Dehesa, que tienen estrechos vínculos con el capital extranjero. Tal como se detalla en el Decreto de Necesidad y Urgencia, Vicentin S. A. cedió, para saldar deudas comerciales, un tercio (1/3) de su participación en la sociedad RENOVA S.A. al grupo GLENCORE, de capitales suizos. De este modo, éstos pasaron a tomar el control efectivo de la empresa al adjudicarse el 66.67% de las acciones, perdiendo de esta forma VICENTIN S.A.I.C. el control de una compañía estratégica dentro de su grupo económico. Así, se profundizaba el peso del capital monopolista extranjero en nuestro país con las perjudiciales consecuencias que eso genera.

A pesar de que Vicentin insista en su carácter de “empresa nacional, familiar y del interior del país” (a través de una solicitada a página completa en los diarios Clarín y La Nación el domingo 14/6), no se trata de una industria que produzca para el mercado interno, que requiera que ese mercado se incremente y que reinvierta localmente. Por el contrario, en los últimos años Vicentin trasladó su domicilio fiscal a Uruguay (con lo cual dejaría de ser una empresa nacional), tiene oficinas en Paraguay, Brasil y Europa y fuga sus ganancias a paraísos fiscales. Estos empresarios constituyen un sector que acumula ganancias a partir de su entrelazamiento con el capital extranjero, de la “apertura” del país al mercado externo y de la subordinación nacional a las grandes potencias. En el último tiempo, tal como figura en el Decreto de intervención, afianzó sus negocios con el capital extranjero a través de la venta de activos de la empresa a la firma suiza Glencore, a quien unos días antes de la intervención le vendió un nuevo paquete de acciones. Periodistas como Longobardi en radio Mitre o Feiman en el canal de TV América, afirman que frente al atropello del gobierno sobre Vicentin: "el campo se levantó ante un intento de abuso de poder" dado que la empresa juega un papel muy importante para los productores locales que comercializan su grano con la compañía (La Nación, 11/6/2020). Las evidencias demuestran, por el contrario, la firma dejó una abultada deuda con esos pequeños y medianos productores. Cuando tomó los créditos del Banco Nación por 95 millones de dólares, en el mes de noviembre de 2019, en lugar de afrontar esos compromisos, giró las divisas al exterior.

Los tentáculos de las empresas exportadoras y los grupos económicos

Las grandes empresas exportadores, desde sus orígenes, enhebraron vínculos estrechos con diversos sectores de las clases dominantes que les permitieron obtener concesiones portuarias, eludir impuestos y remitir sus cuantiosas utilidades al extranjero. Estas prácticas también incluyeron la diversificación productiva con el objeto de controlar el procesamiento de la materia prima local, el traslado y el embarque. Tal es el caso de firmas como Bunge y Born o Dreyfus, que mantienen posiciones estratégicas en nuestro país desde fines del siglo XIX. Los tentáculos de estas grandes compañías, que controlaban el mercado y un porcentaje significativo del crédito agrario, se extendían desde los molineros, los dueños de almacenes de campaña y los operadores independientes hasta los comerciantes de cereales y los acopiadores que funcionaban agentes de las grandes compañías. Su poder se extendía hasta los principales puertos del país donde virtualmente monopolizaban las operaciones en función de sus estrechas vinculaciones con el mercado mundial.

Estas firmas, durante la etapa agroexportadora, regulaban los lugares de almacenamiento, manejaban los embarques y podían manipular la cotización de los granos a partir del control de las operaciones a escala planetaria. De este modo, detentaban de una posición de privilegio que le permitía imponer el precio de compra de los granos a productores que ni siquiera tenían la posibilidad de guardarlo en la parcela y corrían el riesgo de perder la cosecha ante inclemencias climáticas. Frente a la premura por vender y conseguir el dinero para reiniciar el proceso productivo, quedaban a merced de estos grandes pulpos.

Además, ya a inicios del siglo XX, Bunge & Born inició un proceso de diversificación que incluyo la creación de bancos y financieras, la compra de tierras y la adquisición de un taller que dio origen a una empresa de envases metálicos para alimentos. Luego se insertó en la industria alimenticia a través de la creación de “Molinos Río de la Plata” y también comenzó a operar en el rubro de la confección de bolsas de yute para el transporte de cereales a través de la Compañía Industrial de Bolsas. En la década de 1920 inauguraron la fábrica de pinturas Alba, una desmontadora y la hilandería y tejeduría Grafa. Esta expansión de sus actividades -en muchos casos mediante la compra de las empresas competidoras- le permitió a Bunge & Born incrementar exponencialmente sus ganancias mediante el control de otros rubros conexos a la exportación de granos. Uno de los mecanismos consistía en exigir que los agricultores vendieran su trigo embolsado. El gobierno fijó elevados impuestos a las importaciones de bolsas para granos pero prácticamente liberó de gravámenes la compra de piezas de yute cortadas que ingresaban desde la India. Así, la empresa de Bunge & Born detentaba el monopolio de la provisión de ese insumo fundamental para la venta de trigo que no podía realizarse a granel.

Un derrotero similar, aunque en menor escala, transitó la firma creada por la familia Vicentin y hoy dirigida por Nardelli. Se inició a fines de la década de 1920 en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, dedicada a desmontar algodón y fabricar aceite. Con el paso de los años fueron ampliando sus operaciones. Hoy, además de la venta de granos en el mercado mundial, controla un feetlot, una algodonera, produce agroquímicos, posee tres plantas de procesamiento de granos, puerto propio, hilandera en Brasil, genera alimento balanceado y cuenta con una de las principales planteas de producción de biodiesel en alianza con el capital extranjero.

Curiosamente, la historia de Vicentin reconoce dos grandes momentos de crecimiento, ambos bajo gobiernos dictatoriales. Primero en 1966, con una sustancial ampliación de la capacidad de molienda y luego, en 1979 con la creación de una segunda planta de molienda de soja y girasol en el sur santafesino.

En este proceso, no sólo se fue afianzando su patrimonio sino también su entrelazamiento con el poder político y empresarial local y provincial. A tal punto, que tienen abierta una causa judicial por responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Se trata del secuestro de 22 obreros de su planta de Reconquista, entre los que había 14 delegados. Muchos de ellos “cazados” por la policía dentro de la fábrica.

En la actualidad, la injerencia que tiene la empresa en la localidad de Avellaneda quedó evidenciada cuando el propio intendente salió a enfrentar la intervención con una marcha de repudio. Allí afirmó "que una empresa de estas características se expropie y se roben 90 años de historia, de sacrificio, de humildad, de esfuerzo, de inteligencia para llevar Avellaneda al resto del mundo. No podemos permitir que nos roben" (La Nación, 10/6/2020). Se blandieron banderas argentinas y habló la nieta de Vicentin para ratificar todo lo que la firma había hecho por Avellaneda, que intervenirla implicaría afectar la historia de un pueblo y dañar la imagen de una familia que siempre vivió en la provincia y que ayudó a sostener el empleo (Perfin, 11/6). Estas palabras contrastan con las afirmaciones de los obreros de la empresa que expresaron el profundo “malestar que nos genera ver cómo algunos dirigentes políticos, por todos conocidos en nuestras localidades de Avellaneda y Reconquista, ante el arribo de la comisión interventora el día 9 de junio salieron a manifestarse a favor de los intereses de los empresarios, arrogándose hablar en nombre de los trabajadores”. Al mismo tiempo, cuando las medidas de la empresa afectaron a los obreros “no mostraron apoyo ni solidaridad con las familias que perdían así su fuente laboral” (Comunicado de la Comisión Interna, Delegados de Base y trabajadores de Vicentin Saic, 11/6/2020).

Además, ese “aporte” al desarrollo local que la empresa e intendente proclaman a los cuatro vientos, no se corresponde con las consecuencias que acarreó la quiebra de Vicentin. La firma dejó un tendal de deudas con productores agropecuarios de Santa Fé, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, el Noreste, el Noroeste y hasta de Mendoza que le entregaron su producción a la empresa y ahora no cobrarían. Una masa de acreedores que asciende a 1.895 establecimiento y dependen de esos ingresos para proseguir en la actividad. Además, tal como afirma el Decreto de Necesidad y Urgencia, el proceso que inició la empresa pone en riego 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera, 1.000 puestos de trabajo en la planta algodonera (de los cuales ya fueron licenciados 500 en el mes de marzo), 376 en la rama vitivinícola de Vicentin y 2.057 del frigorífico Friar que pertenece a este grupo. Los trabajadores denuncian que en 2019 la “empresa decidió cerrar dos de los sectores icónicos como lo han sido la refinería y la envasadora de aceite alegando que era poco rentable mantenerlos en la región, y dejando así varios empleados sin trabajo” (Comunicado, 11/6).

Los alcances de esos vínculos políticos a nivel nacional se evidenciaron, con mayor transparencia, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando acumuló una deuda que ronda los $18.000 millones (300 millones de dólares).

Financiamiento e inversiones extranjeras en una actividad estratégica

Desde inicios del siglo XX, salvo en durante la Primer y Segunda Guerra Mundial, las exportaciones de granos y sus derivados se transformaron en una de las principales fuentes de ingresos de divisas al país. En la actualidad, alcanzan el 40% del comercio exterior de Argentina. En este contexto, resulta paradójico que desde el diario La Nación y otros medios afines, intenten convencernos que Vicentin no puede ser considerada una empresa “estratégica” porque sólo controla el 9% de dichas exportaciones. Ser la responsable de ese 9%, equivale a facturar aproximadamente, el 5,5% de los ingresos totales en divisas que generan las exportaciones argentinas. El monopolio norteamericano Cargill, primero en el ranking de exportadores, representa el 14% del total. Por lo tanto, concentrar el 9%, transforma a Vicentin en una empresa estratégica en un país que carece de dólares. Estas compañías, desplegaron un repertorio de operaciones para pagar menos impuestos, eludir las retenciones y fugar esas divisas. La investigación sobre la quiebra de Vicentin dejó al descubierto que la firma declaraba sus exportaciones en Paraguay o Uruguay (donde abrieron oficinas con un número ínfimo de empleados que operan como fachada para estas maniobras), pero cargan los barcos en Rosario con soja, aceite y pellets argentinos. De ese modo, esta “empresa argentina” se queda con esa soja, abona a los productos descontando los impuestos a las exportaciones, pero intercepta las ganancias que se computan en Uruguay.

Que se obtienen por las exportaciones

Por otro lago, el incremento del patrimonio de la empresa en 2019 estuvo estrechamente vinculado con los créditos otorgados por el principal banco oficial. La relación entre Vicentin y el Banco Nación es larga. El Banco le financiaba las exportaciones a través de créditos en dólares que se duplicaron durante el macrismo: pasó de 150 millones de dólares en 2015 a 300 millones de dólares en 2019. A partir del resultado de las PASO de 2019, la firma dejó de pagar sus deudas aunque, sorprendentemente, siguió recibiendo dinero del Nación por la friolera suma de 95 millones de dólares. Estas prácticas recrean la operatoria de empresas como Bunge y Born. Ya para inicios del siglo XX, tomaban créditos en entidades locales -como el Banco Nación- para redistribuirlos a través de sus agentes radicados en diversas localidades con el objeto de asegurar su papel central en todo el proceso vinculado con la compra y exportación de granos. Las elevadas sumas de capital que utilizaban en el negocio, que provenía de bancos nacionales y extranjeros, representaba un elemento más de ese portentoso proceso de acumulación, basado en control simultaneo de diferentes núcleos claves del sistema.

Ante el anuncio de la intervención de la empresa por parte del gobierno, volvieron a agitarse los fantasmas de las inversiones extranjeras y la seguridad jurídica. Ex funcionarios y directivos de la Unión Industrial Argentina, afirmaron que “la expropiación de Vicentin es una mala señal para las inversiones que necesita la Argentina" (Clarín, 11/6/2020). Sin embargo, durante la administración anterior -que se presentaba como la garantía personificada de la seguridad jurídica- se auguró una “lluvia de inversiones” pero acá no cayó ni una gota. El problema central no radica en discutir por qué los capitales extranjeros no invierten en Argentina sino en cuáles serían los beneficios para nuestro país una vez efectivizadas dichas inversiones. Cuando una empresa extranjera decide invertir en nuestro país, lo único que persigue es embolsar una tasa de ganancia superior a lo que podría obtener en otra parte del mundo. Esto implica que paga menos impuestos, abona salarios menores, logra entrelazarse con sectores dominantes locales para lograr concesiones especiales y protección arancelaria, carece de límites para llevarse esas ganancias y se le garantizan los dólares para esa operación. Sólo resulta conveniente si pueden llevarse más de lo que “trajeron”. Por eso, luego de la inversión inicial, suelen financiarse con créditos internos otorgados, en muchos casos, por bancos estatales. Se benefician del ahorro interno, amplían su operación y remiten sus dividendos al extranjero para reinvertirlos en otras latitudes del planeta. En definitiva, visto desde los intereses de los sectores populares y la necesidad de construir una nación soberana e independiente, toda medida que limite el accionar del capital extranjero debiera ser bienvenida. El discurso hegemónico que difunden los medios sobre las supuestas bondades de la llegada del capital extranjero debe ser cuestionado a la luz de las evidencias históricas que demuestran lo contrario.

La estatización puede abrir un camino

Los debates en torno a la intervención, futura estatización o extranjerización de Vicentin, están a la orden del día. Las operaciones políticas y financieras de la firma, la dilación del proceso judicial y las negociaciones para la venta de la compañía, afectaron su volumen de operaciones y abrieron la puerta a una mayor concentración y extranjerización de la exportación de granos y derivados. Esto implicaría una mayor salida de dólares del país a través de la remisión de utilidades y fuga de capitales. La intervención y futura expropiación debería priorizar estas problemáticas y no operar como un “salvataje” de los grandes empresarios del agro y los bancos extranjeros que figuran entre los principales acreedores de la firma.

A su vez, la expropiación de la compañía para convertirla en una empresa pública, le permitiría al Estado controlar una empresa de esta envergadura y contar con un mecanismo para intervenir no sólo en la fijación de los precios de compra de los granos sino también en los valores de venta de sus derivados en el mercado interno. Así, existiría alguna posibilidad de incidir –con muchas limitaciones-, en el precio local de la harina y el pan al desacoplar las cotizaciones internas de los vaivenes del mercado mundial (en el porcentaje que le corresponde a Vincentin). Este fue uno de los objetivos que cumplió el IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) durante el primer gobierno de Perón. Aunque en aquella oportunidad, se nacionalizó el comercio exterior de granos en su conjunto, haciendo efectiva dicha intervención y control de los precios internos.

También abriría la posibilidad de garantizar los puestos de trabajo de las empresas del grupo económico, el cobro de los créditos que se otorgaron a través del Banco Nación con dinero de todo el pueblo argentino y saldar las deudas con los proveedores, muchos de los cuales dependen de ese ingreso para su funcionamiento.

Al mismo tiempo, el debate público que desató la posible estatización de Vicentin resulta un momento propicio para reflexionar y avanzar en la transformación del “modelo” de producción y comercialización de alimentos en nuestro país. Un “modelo” orientado a producir en función de la demanda externa (particularmente las grandes potencias), con un “paquete tecnológico” que imponen esas potencias y con insumos mayoritariamente importados. Con agroquímicos y fungicidas que se aplican desde aviones que envenenan a los pueblos y, además, con laboratorios extranjeros que controlan una gran parte de la producción de semillas genéticamente modificadas (los famosos “eventos tecnológicos”), por las que exigen el pago de patentes y regalías para su disponibilidad en estas tierras.

Resulta perentorio modificar esta situación, recuperar las prácticas culturales de las diversas regiones del país, impulsar el desarrollo científico y tecnológico nacional para la producción de alimentos en función de las necesidades populares. En definitiva, resulta imprescindible y urgente romper la dependencia que modela a nuestro país según los intereses del capital monopolista extranjero y sus socios locales.

Sobre el Autor

Pablo Volkind  es profesor y doctor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también, profesor en la Universidad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Además, Investigador del Centro Disciplinario de Estudios Agrarios -FCE-UBA.